El pacto de Estado contra la violencia de género salió ayer del Parlamento, con el voto afirmativo de todos los partidos, excepto Unidos Podemos y EH Bildu que se abstuvieron, y con la exigencia de los grupos al Gobierno de que garantice el presupuesto de las 213 medidas que se plantean. Dentro de dos meses, el pacto debería estar ya en marcha, tiempo en el que el Ejecutivo tiene que trasladar su contenido a las comunidades autónomas, entes locales, partidos, Administración de Justicia, sindicatos y asociaciones. Prevé un gasto de 1.000 millones de euros durante cinco años: 100 millones para entidades locales, 500 millones para comunidades autónomas y otros 400 millones para competencias estatales dentro de los Presupuestos Generales del Estado. El pacto ha sido respaldado en el pleno del Congreso con los votos favorables de 278 diputados y la abstención de 65.

Una sesión en la que estuvo presente Ruth Ortiz, la madre de Huelva cuyos hijos fueron asesinados por su exmarido José Bretón, en Córdoba, y de otras víctimas y mujeres de asociaciones feministas, invitadas por el grupo socialista. El PSOE ha conseguido consensuar con los grupos la reforma de la ley integral para que las madres de hijos asesinadas por sus parejas sean consideradas víctimas de violencia machista. A Ortiz se dirigieron algunos de los diputados que intervinieron en la sesión e incluso lo hizo la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que calificó el día como histórico.

Durante el debate, se ha instado insistentemente a la unanimidad, al considerar el pacto histórico y útil en la lucha contra la violencia de género, aunque Unidos Podemos decidió mantener la abstención por ser «insuficiente» y no estar garantizadas presupuestariamente las medidas.

Ángeles Álvarez(PSOE) recordó al Ejecutivo que para desarrollarlas «no cabe una gestión relajada, ni recortes de fondos» y propuso habilitar un crédito extraordinario no inferior a un quinto del presupuesto de los mil millones previstos para cinco años, si los presupuestos para el año que viene se prorrogan. Sofía Fernández, una de las portavoces de Unidos Podemos, justificó la abstención porque el pacto «es de mínimos, no es feminista y no soluciona el problema».

La ampliación de la definición de violencia de género es una de las propuestas. Ya no se considerará sólo la ejercida por parejas o exparejas, sino todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidas en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa.El resto de medidas son preventivas y judiciales en su mayoría, como la supresión del atenuante de confesión y la de la reparación del daño en delitos de violencia machista; un plan de acompañamiento judicial personalizado a la víctima o no considerar únicamente como delito leve las injurias y calumnias a través de las redes sociales. El pacto contempla también que la custodia compartida en ningún caso se imponga en estos casos.