«Las ayudas a los vehículos eléctricos ya están a punto»

--Del revuelo causado por el anuncio de la prohibición de venta del diésel y la gasolina en el 2040 me quedo con la petición de los fabricantes que le han recordado que medidas similares en otros países como Francia y Alemania están siendo acompañadas con cuantiosas ayudas públicas a favor del coche eléctrico.

--Me alegra mucho que tengan ese planteamiento porque hasta ahora solo reclamaban ayudas para vender y producir los vehículos actuales, sin visión de futuro. Nosotros sacaremos en breve, en las próximas semanas, una convocatoria a través del IDAE con ayudas a la compra de vehículos, incluidos autobuses, así como motos, bicicletas y patinetes eléctricos, pero no solo esto.

--¿Que prioridades se han fijado?

--Las áreas metropolitanas. Me parece muy bien que la compañías eléctricas vayan a colocar electrolineras en todas las autovías, pero la gente tiene que perder el miedo al coche eléctrico y creo que la dimensión adecuada ahora son áreas metropolitanas, donde se puedan combinar distintas opciones de movilidad eléctrica.

--¿Este plan tendrá continuación? Uno de los acuerdos con Podemos establecía ayudas ininterrumpidas a la movilidad eléctrica hasta el 2020.

--El apoyo va a ser continuado en el tiempo. Hay algo que no ha salido a la luz y que nos va a ir muy bien. En la reunión de ministros de Medio Ambiente de la UE acordamos un sistema que incentiva la penetración de coches eléctricos creando un bonus para países que estén por debajo del umbral promedio de la UE. España está a la cola en la venta de coches eléctricos junto a los antiguos países del Este y seremos por tanto beneficiarios de ese apoyo.

--¿Será suficiente?

--Sí. Las ayudas se irán estableciendo de acuerdo con el sector y modulando lo que sea más necesario apoyar en cada momento. Lo que no cuentan los fabricantes es que en Alemania y Francia la industria hace una aportación importante a las subvenciones. La industria española ha hecho muy bien los deberes, con los ajustes necesarios durante los años de la crisis. Fue un ejercicio de responsabilidad importantísimo por parte de empresarios y de sindicatos pero llega el momento en que el planteamiento tiene que ser mucho más ambicioso.

--También monopoliza usted el debate en la calle. Los ciudadanos se plantean que va a pasar con su coche ¿Que les diría?

--Es que no estamos acostumbrados a pensar con tanta anticipación. A mi me han llegado a hacer esta pregunta: «¿Qué hago con mi coche? No lo voy a poder vender». Si usted piensa que el coche que tiene hoy lo va a mantener durante 25 años o 30 años es muy optimista porque duran un promedio 10 o 12 años.

--¿La equipración del impuesto al diésel se mantendrá aunque no se aprueben los presupuestos?

--Es una subida de un tipo impositivo, de una figura fiscal que ya existe, con lo que basta con una decisión del Gobierno. Los motivos de la reforma fiscal siguen estando ahí. No hay nada que nos permita pensar que la fiscalidad del diésel debe ser inferior a la de la gasolina.

--Figura en el acuerdo con Podemos la supresión de los llamados ‘beneficios caídos del cielo’, las retribuciones extra que obtienen las compañías por la centrales hidroélectricas y nucleares que ya están amortizadas.

--Sobre estos beneficios hay un debate teórico sobre si en realidad las centrales están o no amortizadas, pero más allá de esto se nos presenta un dilema ¿Como podemos combinar la electrificación de la sociedad, que generará también un gran volumen de negocio a las compañías, con los precios tan elevados que tenemos ahora. No es viable seguir así. Los precios son tan elevados porque surgen de un mercado en el que toda la electricidad se retribuye al coste del último megawatio que entra en el sistema que por definición es el más caro, porque sus materias primas son caras y tienen un impuesto al CO2 a través del comercio de derechos de emisión. Se trata de ver cómo se socializa ese beneficio para facilitar el proceso de transición. No se trata de buscar castigar a nadie, sino que parte de esos beneficios sean destinados al interés público, a bajar la factura de la luz. Si electrificamos el país no podemos hacerlo con una factura inabordable.