La Junta de Andalucía ha retirado a un vecino de Marchal (Granada) la tutela de 11 de sus 30 hijos tras determinar que se encuentran en desamparo y no están siendo atendidos de forma adecuada. La intervención se produjo durante la mañana del martes en este municipio de unos 400 habitantes con el apoyo de la Guardia Civil, que atendió el requerimiento de la Fiscalía y desplegó un dispositivo en la zona para dar protección a los trabajadores sociales que acudieron hasta allí para realizar su labor.

El caso de este padre, residente en esa pequeña localidad de unos 400 habitantes, ubicada en la comarca de Guadix, era «conocido y seguido» desde hace años por parte de la Fiscalía de Menores, que ha coordinado su actuación junto a los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía y la Guardia Civil.

La administración autonómica decide ejercer la tutela de menores cuando estos se pueden encontrar en situación de maltrato activo o pasivo, por negligencia o se encuentran desasistidos, como pudiera ser el caso, y no existe otra alternativa en su entorno familiar, explicó a Efe el jefe del Servicio de Protección de Menores, José Antonio Puerta.

La delegación en Granada de la Consejería de Educación informó que los menores implicados no presentaban problemas de absentismo y que asistían con regularidad a los colegios de Marchal y Guadix, donde estaban escolarizados.

En la pequeña localidad de Marchal, cuyo alcalde, Juan Manuel García Segura, ha preferido de momento no hacer declaraciones sobre el caso, al igual que distintos vecinos consultados por Efe, otros apuntan a que el padre mantiene una convivencia «normal» en una casa cueva con tres de las cuatro madres de sus hijos. Estas mujeres estarían de acuerdo con este tipo de convivencia.

Por su parte, el padre de los niños negó ayer que los menores vivieran en situación de «desamparo» y calificó esta retirada de un «secuestro». El padre de los menores, de nombre Juan Manuel, indicó que si sus hijos estuvieran en desamparo no estarían escolarizados, como lo estaban en dos colegios de Marchal y de Guadix, adonde acudían a clase «de lunes a viernes» y donde estaban el martes cuando fueron retirados por la administración.

Tras criticar las «calumnias» vertidas sobre la situación de los menores retirados por la Junta, afirmó que viven «bien, con lo suficiente para comer y trabajando honradamente». Asimismo, lamentó que no le hubieran comunicado nada previamente sobre la intención de retirarle a estos once hijos -él sostiene que han sido finalmente trece- y que no contactaran con los servicios sociales para pedirles información. Además, dijo que todo obedece a una «equivocación» porque sus hijos estaban, en su opinión, correctamente atendidos. «Ser pobre no es un delito. Cada uno tiene lo que Dios le da», manifestó Juan Manuel, tras señalar: «Si algo tengo en este mundo son mis hijos». «No somos malos padres ni malas madres. Lo que han hecho con nosotros es un abuso, que lo miren porque con nosotros están equivocados», reiteró. En esa línea, su hijo Juan, mayor de edad, negó que sus hermanos pasaran hambre y pidió que «la gente entienda y comprenda el dolor» que les han causado.