La Audiencia de Madrid ha fijado para el próximo 4 de febrero el juicio contra tres funcionarios y otros tres guardias civiles por el espionaje presuntamente cometido en el 2008 sobre Manuel Cobo (mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón) y el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada.
Fuentes jurídicas han confirmado que será la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, presidida por el magistrado Arturo Beltrán, la encargada de juzgar por el procedimiento del jurado popular a estos seis acusados de un delito de malversación de caudales públicos.
Entre ellos se encuentra el ex director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón y el guardia civil en excedencia José Luis Caro Vinagre, condenado por la Audiencia Nacional a un año y medio de cárcel por el supuesto chivatazo al exconsejero madrileño Francisco Granados en relación a la trama Púnica.
Más de una década después de que presuntamente sucedieran los hechos, llega finalmente a juicio -en contra del criterio de la Fiscalía- un caso que fue archivado hasta en tres ocasiones y otras tantas reabierto por orden de la Audiencia de Madrid.
ESPIONAJE DE POLÍTICOS DEL PP
Los seis procesados en este caso están acusados de utilizar teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para espiar supuestamente a políticos del PP enfrentados con la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.En concreto, al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo, considerado mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros, en marzo, abril y mayo del 2008.
Además de Gamón y Caro Vinagre, serán juzgados los funcionarios y guardias civiles Miguel Castaño Grande, José Manuel Pinto Serrano, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez. Todos ellos prestaban sus servicios en la Dirección General de Seguridad de Madrid.
La cuestión que será juzgada es el uso de medios públicos que tenían asignados por la Comunidad de Madrid para el ejercicio de sus cargos, generando presuntamente gastos indebidos.
Tras la apertura de juicio oral, la Fiscalía señaló que pediría la absolución de los acusados al no considerar los hechos constitutivos de delito dado que, a su juicio, no consta que se destinaran medios públicos a otra tarea que no fuera propia de la función pública.
El juicio, en el que están personados como acusación el PSOE y el Ayuntamiento de Madrid, se alargará previsiblemente hasta el 22 de febrero, según las fuentes.
