El juez Pablo Ruz ha dicho hoy que no debe eliminarse la acusación popular en casos como los de corrupción, puesto que es una figura jurídica que contribuye a la independencia del Poder Judicial y al fortalecimiento de la Fiscalía, a pesar de que "se ha abusado de la misma en ocasiones".

Así se ha pronunciado Ruz durante su intervención en un debate sobre la acción popular organizado por Transparencia Internacional España, en el que también ha participado, entre otros, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón.

El que fuera juez de la Audiencia Nacional e instructor del caso Gürtel ha defendido el papel de la acción popular, una institución con reconocimiento constitucional y que, a pesar de que en algunos casos se ha "abusado" de ella, "ha dado buenos frutos" y ha contribuido al esclarecimiento de muchos hechos.

Luzón, por su parte, ha abogado por una mejor regulación de esta figura jurídica para "corregir sus disfunciones".

En este sentido, ha pedido limitar el número de ellas en el mismo proceso, la prohibición para que no se admita a cualquier persona, la mínima relación de la acusación con el procedimiento, así como limitar los delitos cuya persecución pueda instar esta figura.

Otro de los participantes en este encuentro ha sido el catedrático de la Universidad de Salamanca Nicolás Rodríguez ha valorado que la acusación popular fomenta la participación ciudadana y que una restricción "no estaría fundamentada".

Por parte de Acción Cívica, su presidente, Antonio Penadés, la ha defendido como "un complemento de la Fiscalía", y ha añadido que en una sociedad en la que "está todo excesivamente politizado" la figura de la acusación popular "aún cobra mayor importancia".

"Hay que hacer lo que esté en nuestras manos para evitar que se terminen cargando la acusación popular", ha expresado.

Por su parte, el excomisionado de la ONU contra la corrupción Carlos Castresana cree que esta figura es importante y, aunque pueda prestarse a abusos, sirve "como contrapeso de la acusación pública", algo que contribuye a su juicio a la independencia de la justicia.

En último lugar y para dar voz al Ministerio de Justicia, el vocal asesor Nicolás Cabezudo ha asegurado que el Gobierno "no quiere suprimir la acusación popular", si bien no descartan regular esta institución porque tiene "deficiencias regulatorias", de las que hay que reflexionar y consultar.