Un juez ordenó el miércoles pasado el traslado e ingreso en el Hospital Central Universitario de Oviedo de una mujer embarazada que ya superaba las 42 semanas de gestación y que pretendía dar a luz en su domicilio. Esta decisión judicial responde a una solicitud del propio hospital y está basada en el informe médico aportado. Según informó el TSJA, a las 13.15 horas se recibió en el Juzgado de Guardia de Oviedo una solicitud firmada por el subdirector de los Servicios Quirúrgicos y Críticos del Hospital Universitario Central de Asturias, previniendo acerca de la necesidad de ingreso en el hospital para la inducción inmediata del parto de la mujer, «sugiriendo la adopción de orden de ingreso obligado para la práctica inmediata de parto inducido» en dicho centro sanitario», según informa Europa Press.

Esa solicitud venía acompañada de un informe del jefe de sección de Obstetricia, en el que se relataba el historial de controles de embarazo y visitas a este servicio que quedaron interrumpidas a voluntad de la mujer en la semana 35, pese a la insistencia del servicio en que se retomaran.

En ese informe se refleja que ante el cálculo de que la mujer se encontraría en la semana 42+3 de embarazo, si el parto no se realizara en el hospital existiría «riesgo de hipoxia fetal y muerte fetal intrauterina». «Valorando exclusivamente el contenido de dicho informe, el juzgado dictó una orden para el traslado en un vehículo medicalizado y posterior ingreso de la mujer en el hospital para un pacto inducido si procediera», informa el TSJA.

La ministra de Sanidad, Maria Luisa Carcedo, se refirió ayer a esta cuestión y alertó de que «algunas modas suponen un retroceso respecto a avances médicos importantes», como es el caso de los movimientos antivacunas y los partos en el domicilio.