El juzgado que investiga la explosión ocurrida el pasado 14 de enero en el complejo químico de la empresa Iqoxe en Tarragona, en la que fallecieron tres personas y otras ocho resultaron heridas, ha levantado el secreto de sumario y ha dividido la causa en tres partes debido a su complejidad. Las pesquisas no se centran solo en la tragedia en sí, sino que se ha ampliado a otras presuntas irregularidades, como la concesión de licencias o vertidos directos al mar.

La investigación todavía está abierta y se trabaja de forma muy exhaustiva tanto a nivel policial como judicial, y eso conlleva que aún no se disponga de atestado completo y que los resultados, en estos momentos, sean provisionales, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Aun así, y por su complejidad, el juez ha troceado el asunto en tres partes: una pieza principal y dos separadas.

La principal tiene por objeto la investigación de la explosión y de las actuaciones posteriores que se produjeron. En concreto, se centra en las presuntas deficiencias detectadas en la seguridad, la insuficiencia del personal de vigilancia, las condiciones laborales y en los defectos en el mantenimiento de las instalaciones y la maquinaria. De forma provisional, los delitos por lo que se enmarca esta pieza son los de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones, daños y delito contra el derecho de los trabajadores.

Las dos piezas separadas se incoan por hechos que no tienen que ver directamente con la explosión, pero de la instrucción y resultados obtenidos hasta ahora se desprenden la posibilidad de la comisión de otros delitos. En una de estas causas se prentende aclarar las actuaciones empresariales y administrativas en relación a las autorizaciones y licencias para algunos de sus reactores que conllevaron un incremento significativo de la capacidad de producción de la empresa. De lo investigado hasta ahora se podría estar hablando, de forma provisional, de un delito relacionado con los estragos.

Depuradora deficiente / En la segunda causa se investiga delitos relacionados con el medios ambiente al desprenderse que se realizaba una actuación negligente al realizar vertidos directos al mar porque la depuradora no tenía la capacidad suficiente para tratar la gran cantidad de residuos que producía la fábrica.

Será el avance de la investigación la que fije la relación de delitos que pudieran imputarse a quienes aparezcan como investigados.

En la actualidad y de forma provisional son: la empresa Iqoxe como persona jurídica y dos altos cargos de la empresa. También se encuentran personadas doce acusaciones particulares y tres acusaciones populares.

La empresa petroquímica Iqoxe atribuye la tragedia a una suma de circunstancias no previsibles, la más importante de ellas sería que la sustancia que estaban produciendo, el MPEG (metacrilato metoxi polietilenglicol), que se fabrica a base de óxido de etileno, nunca antes había explotado. Una investigación encargada al Institut Químic de Sarrià (IQS) determina que se trató de «una reacción química desconocida» y, por tanto, imprevisible.