La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha contabilizado 1.064 inmigrantes muertos y desaparecidos en la denominada frontera sur española durante 2018, una cifra que supone cuatro veces más que el año anterior y el mismo número que la suma de los últimos cinco años.

Las muertes certificadas por la asociación fueron 499 y las desapariciones 565 y, según sus datos, ocurrieron entre las costas andaluzas, Ceuta, Melilla, Baleares, Canarias y el levante español, zonas a las que llegaron 64.120 inmigrantes, más del doble que el año pasado y el número más alto desde que existen registros.

Este «coste altísimo de vidas humanas» es «inaceptable» en una democracia, según los responsables de la asociación, que han lamentado las políticas «criminales» del Gobierno del PSOE con los inmigrantes, así como la «contaminación» de los partidos políticos tradicionales del discurso xenófobo de la «extrema derecha» de Vox. Esta «cifra horrible» de fallecidos solo fue superada en 30 años de migración en 2006 con la «crisis de los cayucos», según resaltaba Carlos Arce, coordinador del área de Migraciones de la asociación, quien criticó que «el caos, la falta de recursos y la improvisación han provocado gravísimas violaciones de los derechos humanos». Con este número de muertes y desapariciones, más que todos los asesinatos provocados durante décadas por ETA, «cómo es posible que nadie diga nada, ni nadie actúe, ni haya condolencias ni una investigación para ver cómo se puede evitar», resalta Rafael Lara, del equipo Frontera Sur de la asociación. Las únicas soluciones para este drama, según aseguran, es el establecimiento de vías legales y seguras para la entrada de los inmigrantes y la reacción de una ciudadanía que no tolere como normal esta «barbarie», igual que ocurrió con ETA tras varios años de actividad terrorista.