El año 2020 dejó el terreno preparado para la llegada de la LOMLOE, también conocida como ‘Ley Celaá’. Esta Ley recoge el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años; la oferta «suficiente» de plazas públicas; que la asignatura de Religión no cuente para las nota media; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la «excepcionalidad» de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.

Asimismo, la norma suprime la referencia al castellano como «lengua oficial del Estado», así como la consideración de «lenguas vehiculares» tanto del castellano como de las demás lenguas cooficiales, un asunto que según el Gobierno no supondrá cambio alguno en la práctica. El Ejecutivo de coalición recuerda que el castellano no quedó plasmada como una lengua vehicular en la enseñanza hasta la ‘Ley Wert’ de 2013.

Sin embargo, la oposición ve con esta modificación (que vino de una enmienda conjunta entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC) una concesión al independentismo para lograr su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Esta polémica ha suscitado que el PP, Cs y Vox hayan anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la ‘Ley Celaá’.

Y ha provocado que los tres partidos, en especial el PP, hayan puesto en marcha una serie de acciones para no tener que aplicar la nueva Ley de cara al siguiente curso. Por ejemplo, el PP pretende intentar «parar los estragos» y aspectos más «lesivos» de la norma en las comunidades donde gobierna.

De momento se sabe que para sortear la Ley, según recordó el presidente de los ‘populares’, Pablo Casado, que la Comunidad de Madrid adelantará el plazo de inscripción para los alumnos; en Galicia «seguirá el castellano siendo vehicular» en la enseñanza; en Murcia se darán «más posibilidades» a los conciertos educativos; en Castilla y León no se permitirá pasar de curso con varias materias suspensas; y en Andalucía se va a «garantizar la libertad de elección de centro».

Con respecto al tema de los procesos de matriculación en las comunidades autónomas, tanto la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, como el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, confirmaron que dependiendo de cuándo diesen inicio éstos (antes o después de aprobarse la LOMLOE), estos se regirían por una norma u otra. Es decir, aquellos territorios que aprobasen antes de la aprobación de la ‘Ley Celaá’, la resolución sobre este tema, se regirían por la LOMCE, la entonces denominada ‘Ley Wert’.

Además de una nueva Ley educativa, el 2021 podría traer una nueva Ley de la Formación Profesional. El pasado 20 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la pretensión del Ejecutivo de aprobar una nueva Ley encaminada a reforzar la formación dual y que se tramitaría tras la aprobación de la LOMLOE. Según aseguran a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación y FP, el Gobierno pretende que esta Ley quede aprobada en 2021.