La ley de garantía integral de la libertad sexual, que lleva a la legislación el 'sólo sí es sí' coreado en las calles tras la primera sentencia de la Manada, estará lista para su envío a las Cortes en torno al próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Esa es al previsión que maneja el Gobierno, según ha explicado este miércoles la Delegada del Gobierno contra la violencia machista, Victoria Rosell.

El anteproyecto ha recibido ya el visto bueno del Consejo Fiscal, si bien este órgano ha propuesto cambios en la redacción del consentimiento, que es el aspecto central de una reforma que establece que es delito -sin distinción entre abuso y violación- cualquier acto sexual sin consentimiento. El proyecto legal aclara que "no hay consentimiento cuando la víctima no lo haya manifestado libremente" y el órgano fiscal propone que se redacte en forma de afirmación, es decir, "que existe consentimiento cuando la víctima lo manifieste libremente".

Pero falta el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el Ministerio de Igualdad prevé que se emita el 27 de enero y que sus miembros no "obstaculicen" con un retraso ni propongan "grandes modificaciones", dado que la ley ha sido acordada con la cartera de Justicia, según ha manifestado Rosell. A partir de ahí, el Consejo de Estado podría emitir su veredicto de forma urgente en dos semanas más, para que así el Consejo de Ministros envíe el texto al Congreso en torno a marzo y este llegue al Boletín Oficial del Estado (BOE) a lo largo de este año. "Confiamos en que en 2021 pueda aprobarse y entrar en vigor el grueso de la ley", ha subrayado la delegada del Gobierno.

Informe Grevio

Rosell ha precisado que en el Ministerio de Igualdad, capitaneado por Irene Montero, están "convencidas" de que la formulación en torno al consentimiento "es la correcta", pero aún así si el CGPJ y el Consejo de Estado propusiesen modificaciones, el Gobierno podría introducir otra redacción. En cualquier caso, ha destacado, "lo importante es que, por fin, el consentimiento sea la base y sólo 'sí' va a ser 'sí'".

De hecho, el Grupo de Expertos Grevio que vigila la aplicación del Convenio de Estambul, del Consejo de Europa, y que ha emitido un nuevo informe sobre España apoya que el Código Penal vaya a introducir el consentimiento en los delitos sexuales, en línea con las leyes de otros países europeos.

Dicho informe pide, por contra, a España una mayor coordinación de las políticas estatales y autonómicas en contra de la violencia machista, que se exija experiencia profesional y técnica a las empresas y al personal que ayuda a las víctimas y una mayor formación del poder judicial en este tipo de delitos.