El bebé de dos meses que sigue en estado grave en la UCI Pediátrica del Hospital Vall de Hebron había ingresado a finales de diciembre en el Hospital de Calella. La visita, el 28 de diciembre, alertó los trabajadores sociales del centro que reportaron “riesgo de exclusión social” a los servicios sociales del Ayuntamiento de Pineda de Mar, municipio donde vivía la familia. Lo aseguran a EL PERIÓDICO fuentes municipales, que dejan claro que en ningún caso les avisaron de un posible caso de maltrato infantil. El padre, que confesó haber golpeado al niño, ha quedado hoy en libertad provisional con cargos por lesiones y maltrato.

Ni el hospital ni la 'conselleria' de Salut quiere informar sobre el motivo de la visita del 28 de diciembre (si fue por lesiones o no), pero ese día, una semana antes de la paliza que lo dejó en coma, este bebé de poco más de un mes ingresó en el Hospital de Calella. Los profesionales que le atendieron se preocuparon por la situación social de la familia y finalmente un trabajador social del hospital reportó el caso a los servicios sociales municipales de Pineda. “Nos avisaron que estaban en riesgo de exclusión social, en ningún caso mencionan posible maltrato o situación de riesgo urgente del menor”, explican fuentes municipales. Pocos días después un trabajador social llamó a la familia y concertaron una entrevista para el 16 de enero.

"NADIE PULSÓ EL BOTÓN DEL PROTOCOLO"

“Nadie pulsó el botón del protocolo anti maltrato, aunque fuera preventivamente”, lamentan fuentes municipales, que dejan claro que en los casos de maltrato infantil se activan los equipos de atención de menores especializados de la Generalitat, en ningún caso los servicios sociales del ayuntamiento. Una semana después de la comunicación interna de riesgo social, el 3 de enero, la madre volvió a ingresar al bebé en el mismo Hospital de Calella. Tras ver la gravedad del caso, fue trasladado de urgencia al Hospital Vall de Hebron, que sí aplicó el protocolo oficial ante un posible caso de maltrato infantil: llamar a la DGAIA, los Mossos y la fiscalía. Fue ante el equipo especializado en maltrato infantil de ámbito hospitalario de la Generalitat, los llamados EVAMI, que el padre reconoció haber pegado una paliza al bebé. El jueves la policía catalana lo detuvo.

Durante todo este procedimiento, el municipio donde está empadronada la familia no sabía absolutamente nada a nivel oficial. Conoció el caso pocas horas antes que el Govern mandara una nota de prensa a los medios de comunicación y casi 24 horas después de la detención del padre. “El viernes por la mañana nos llamaron des de la DGAIA. Nos dijeron que el bebé estaba ingresado en estado muy grave y nos preguntaron si conocíamos la familia”, explican. Les respondieron que no. Antes del aviso del hospital, nadie había alertado al consistorio, ni tan siquiera el pediatra del ambulatorio. Estas mismas fuentes sí confirman que la familia había pedido dos ayudas económicas puntuales a algún organismo autónomo municipal. “Hay muchas familias que reciben ayudas pero no tienen un seguimiento extenso de los servicios sociales municipales”, señalan las mismas fuentes.

EL PADRE "SE ESTRESÓ", SOSTIENE LA MADRE

Sin embargo esta visita de finales de diciembre no fue la única estancia hospitalaria del bebé. “Había sido ingresado en otros hospitales de la zona con anterioridad”, confirma un portavoz del Departamento de Salud. El viernes la Generalitat abrió una investigación para esclarecer el motivo por el cual nadie había avisado. Según la madre del bebé, fueron cuatro los hospitales a los que llevaron a su hijo: “todos nos dijeron que tenía cólicos”, ha dicho hoy en una entrevista a Antena 3. La madre explicó a la televisión la paliza previa del 3 de enero porqué el padre “se estresó” al verse incapaz que el bebé dejara de llorar. Ella puntualizó que “no vio nunca nada”. En este caso, dijo, estaba comprando.

48 horas después de su detención, el juez ha dejado hoy en libertad con cargos al padre del bebé, acusado de un delito de lesiones y otro de maltrato en el ámbito familiar. El juez le ha requisado el pasaporte, tiene que comparecer semanalmente ante el juzgado y le ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros de su propio hijo. La madre ha asegurado que el padre está “en una burbuja, no lo ha asimilado” aunque negó haber recibido ningún tipo de maltrato durante su relación, que empezó hace dos años cuando ella tenía la edad de 16. En esta entrevista también sostiene que no quiere que el padre se acerque a su hijo.

Alertado por la situación, ayer el Síndic de Greuges ha decidido abrir una investigación de oficio para comprobar que ha fallado en la detección del menor. Va a pedir información a la Generalitat, en concreto a la DGAIA, al Departamento de Salud y al Ayuntamiento de Pineda, donde vive la familia, para esclarecer si estas administraciones se han coordinado tal y como establecen los protocolos existentes.

El bebé sigue ingresado en estado grave en la UCI Pediátrica del Hospital de Vall de Hebron. Según informa la agencia Efe, evoluciona favorablemente. Según la madre, está en coma inducido desde el sábado 5 de enero, y el lunes que viene los facultativos tendrán que decidir si le retiran la respiración asistida. De momento quien mantiene la tutela del menor es la Generalitat, a través de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El caso aún no se ha trasladado al Equipo de Atención de la Infancia y la Adolescencia (EAIA) de su territorio, los encargados de decidir quien se hace cargo del menor en el futuro.