Que el Gobierno había decidido ser activo ante el escándalo social provocado por la sentencia a La Manada quedó claro el viernes, cuando el Consejo de Ministros decidió someter a estudio la posibilidad de revisar, en el Código Penal, si la violación está bien tipificada. Lo que ayer resultó sin duda una sorpresa es que el titular de la cartera de Justicia, Rafael Catalá, se atreviera a sugerir públicamente que el juez que emitió el voto particular defendiendo la absolución, Ricardo González, tiene «algún problema» y una «situación singular» que ha influido en su decisión. Y aún más chocante fue que añadiera que «todos» lo sabían -se supone que en el mundo judicial- y que eso incluya al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no hizo nada al respecto, según el ministro, cuando debiera haber actuado de modo preventivo.
«Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado», declaró en la COPE, desatando, como era previsible, la guerra con los profesionales de la toga, algunos de los cuales no daban crédito, al ser consultados por este diario, a la estrategia del ministro de tirar una llamativa y contundente piedra argumental escondiendo la mano.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL / No es usual, de hecho, que el órgano de gobierno de los jueces, que preside Carlos Lesmes (con quien el ministro no tiene la mejor de las relaciones) se sintiera obligado a emitir un comunicado para reprender a un miembro del Consejo de Ministros: «El CGPJ apela a la moderación, prudencia, mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y juezas que integran el poder judicial».
El ministro no dio un paso atrás en todo el día, por más críticas que le llovieran. Debía de tener Catalá muy bien calculado a primera hora de la mañana el objetivo que buscaba, porque no rectificó, pero tampoco facilitó más información sobre el problema «singular» que supuestamente aqueja al juez González, cuyo voto particular en el caso de La Manada decía que no encontraba probado el abuso sexual contra la víctima y que, en el vídeo que se grabó con las múltiples penetraciones a la que fue sometida la joven, observaba «jolgorio» y «regocijo».
Para no ir más allá -a pesar de a lo lejos que fue quien lleva la cartera de Justicia-, alegó que no conocía detalles y que tampoco resultaba «razonable» hablar de un «problema personal». A partir de ahí crecieron las especulaciones, pero lo único que ha certificado como cierto el Consejo General del Poder Judicial en un tema tan delicado es que, en los últimos cuatro años, no se ha abierto ningún expediente disciplinario contra este magistrado. Y que si existieron anteriormente, dado que se le sancionó por un tema de retrasos en sentencias en 1999, estaban cancelados en virtud de la ley del poder judicial. Fuentes del Consejo especificaron que los «motivos personales» que pudieron provocar dichos retrasos sancionables no le incapacitaban para participar en la sentencia de La Manada.
Fuentes del Poder Judicial incidieron en que ese órgano no ha recibido petición expresa recientemente para hacer una investigación o seguimiento en torno a la actividad del citado juez. Lo que se le ha solicitado, especificaron, es una demanda de inspección rutinaria en la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, donde trabaja el magistrado González junto a otros, pero también de la Sección Tercera, sin que se hayan concretado motivos excepcionales.
Sin que pudiera contrastarse con fuentes oficiales que el para algunos polémico, para otros bochornoso voto particular del juez González esconde algo más que el punto de vista de un togado, las asociaciones exhibieron indignación. Las siete asociaciones judiciales se sumaron unánimamente a la exigencia de dimisión de los jueces navarros. «La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Poder Judicial y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son de una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia».
