Menos impuestos, más información para el consumidor y unos procesos claros y con garantías de mínimos. Estas son algunas de las novedades que introduce la nueva normativa del pan, aprobada el pasado 26 de abril y que entró en vigor ayer, 1 de julio. El sector, desde las pequeñas panaderías agrupadas en gremios, como los industriales, ven con buenos ojos la medida, con la que esperan, como mínimo, contener el descenso en caída libre de un alimento antaño omnipresente en la mesa de todos los españoles: su consumo ha bajado el 80% en las últimas dos décadas. Un elemento que ha ido cambiado con el paso del tiempo y sobre el que la reforma del Gobierno pretende poner la legislación al día. Aunque, según comentan desde los gremios de panaderos, tampoco introducirá grandes revoluciones. La principal es que iguala a todos los panes en la categoría de común, lo que les deja con un IVA del 4%. También clarifica la definición de pan integral, que hasta ahora cada panadero lo elaboraba a su manera. Una dispersión que desde el sector se denunció en anteriores ocasiones como nicho de “timo”, al venderse unas propiedades de las que el alimento muchas veces carecía.
