El Gobierno ha aprobado este martes una prorroga de la moratoria en los desahucios hipotecarios a colectivos vulnerables de cuatro años más, hasta el 2024. También ha ampliado el colectivo de potenciales beneficiarios a las familias monoparentales con un solo hijo, que se suman a otros como los parados y las familias con algún miembro con discapacidad, en situación de dependencia o con mayores de 60 años. Asimismo, ha establecido que el nivel de ingresos familiares máximo para acogerse a la medida se incrementará en función del número de descendientes y ha determinado que la moratoria será de aplicación sea el demandante o no un banco.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha estimado que, de no haber adoptado estas decisiones, se habrían visto perjudicadas directamente más de 29.000 personas, además de las que pudieran verse afectadas en el futuro. También ha destacado que las ampliaciones anteriores de la norma, aprobada en el 2013 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, fueron por dos años y en esta ocasión será por cuatro ejercicios. "Hasta el 2024, ninguna familia vulnerable será expulsada de su hogar", ha proclamado.
La medida fue anunciada este lunes por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. El líder de Unidas Podemos también adelantó que su partido y el PSOE han pactado ampliar el acuerdo de coalición que firmaron hace unos meses para incluir una nueva medida: poner freno a los desahucios por impago del alquiler. Montero ha confirmado que esta iniciativa se incluirá en la prevista reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Iglesias explicó que el objetivo de esta medida será "evitar este tipo de desahucios, especialmente aquellos que se dan en zonas de mercado de alquiler tensionado y por grandes tenedores de vivienda que se dedican al mercado inmobiliario". Montero también ha destacado que el Ejecutivo ya adoptó medidas en este ámbito el año pasado para obligar a que los servicios sociales sean notificados previamente de los procesos de desahucios de alquiler y el procedimiento se suspenda, en caso de vulnerabilidad de la familia afectada, durante un mes (o tres meses si el demandante es una persona jurídica) para buscar una solución habitacional.
