El Gobierno aprobó ayer un anteproyecto de ley para prohibir el uso privado sin autorización previa de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad, las denominadas narcolanchas, lo que permitirá su decomiso aunque no lleven droga o tabaco cuando sean detectadas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este anteproyecto que reforma la ley orgánica de represión del contrabando en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que abordó el problema del narcotráfico en el Campo de Gibraltar.
El objetivo, según el Gobierno, es contar con una herramienta jurídica para luchar contra las embarcaciones que habitualmente usan las mafias para introducir en las costas españolas género de contrabando, principalmente hachís de Marruecos y tabaco de Gibraltar. En estos momentos, ha explica el Ejecutivo en un comunicado, resulta muy difícil actuar contra ellas si no llevan carga ilícita, pero la nueva norma permitirá recurrir a parámetros objetivos, como las características técnicas de la embarcación o su titularidad, para incautarlas, incluso en tierra.
Su posesión, fabricación, circulación, importación, exportación o rehabilitación constituirán, salvo que se cumplan los requisitos legales, una infracción administrativa si el valor de las embarcaciones aprehendidas no supera los 50.000 euros.
El Gobierno de Gibraltar emitió ayer un comunicado en el que aplaude la decisión de prohibir las lanchas neumáticas rígidas, conocidas como narcolanchas anunciada por el Gobierno de España. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, manifestó que es una decisión «esperada desde hace tiempo». Quedan fuera de la prohibición las embarcaciones adscritas a organismos y entidades públicas y las extranjeras que se encuentren legalmente en aguas españolas.
