La vuelta a la salud para todos, revirtiendo la decisión del PP que dejó fuera del sistema a los inmigrantes en situación irregular no será la única medida en este campo que abordará a corto plazo el Ejecutivo socialista. Casi en paralelo, aunque aún no haya sido anunciado, el Gobierno se prepara para poner fin al copago farmacéutico para los pensionistas, en vigor desde el 2012, cuando Mariano Rajoy aprobó la iniciativa, por la que los jubilados, salvo los que perciben pensiones no contributivas o mínimas, abonan una parte de la cuantía de los medicamentos que les dispensan en las recetas.

El PP aprovechó el mismo real decreto que acabó con el carácter universal de la sanidad, el 16/2012, para instaurar el copago. La decisión no está tomada, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez se inclina por utilizar también el real decreto anunciado el pasado viernes, que se aprobará dentro de seis semanas, a finales de julio, para tumbar también la controvertida iniciativa farmacéutica. A diferencia de la salud para todos, cuyo coste en principio será mínimo, el fin del copago sí tendrá un impacto económico relevante. Aunque fuentes del Ministerio de Sanidad señalan que todavía no han «hablado en profundidad» con los departamentos de Economía y Hacienda, el cálculo es que podría suponer un gasto de entre 450 y 500 millones de euros al año.

Con la derogación del copago de medicamentos, el PSOE volverá a marcar una enorme distancia respecto a los conservadores y los naranjas. Sánchez se apuntará otro tanto, capitalizando así las reivindicaciones sociales frente a Podemos, con quien compite por los votos de izquierda, y seguirá mostrando que quiere imprimir velocidad a su acción de Gobierno en una legislatura que durará, como mínimo, un año, según los planes socialistas.