Nada más ser elegido presidente, Pedro Sánchez aseguró que pondría la pobreza infantil en la agenda política. Decidió crear un alto comisionado, una figura con pocos precedentes en el mundo, al frente de la cual puso a María Luisa Carcedo, especialista del PSOE en este problema. Y este viernes, cuarto Consejo de Ministros de la era Sánchez, el Gobierno aprobó un plan de choque para ayudar a los niños en situaciones de precariedad severa lo antes posible. La intención del Ejecutivo es que «tengan un verano» lo más normal posible, y puedan gozar de actividades extraescolares «dignas».

Para ello, el Gobierno doblará el esfuerzo económico que destina a programas vacacionales infantiles, de cinco a 10 millones de euros, una inversión que podría aumentar para que todos aquellos que cumplan los requisitos de carencia severa y riesgo de pobreza sean atendidos. El plan contempla que, en colaboración con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, los menores desayunen y coman en los comedores sociales o campamentos, así como cenen en el caso de los más necesitados.

Con la llegada de la crisis se detectó que el cierre de los colegios y sus comedores escolares provoca que algunos menores no reciban adecuadamente las tres comidas al día en julio y agosto, lo que tiene «efectos dramáticos», en palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, quien dio cuenta del programa y lamentó que algunos alumnos se incorporen en septiembre con menos peso, de hasta cuatro kilos. Y eso pese a que algunas autonomías reforzaron hace años los comedores sociales. El proyecto gubernamental contempla además que los menores participen en actividades extraescolares deportivas y de aprendizaje, de forma que puedan tener una especie de «vacaciones», según Celaá. Además, el Gobierno introdujo este viernes nuevos objetivos en la llamada Agenda 2020-2030 de desarrollo sostenible, que incluye medidas también para luchar contra la pobreza. España es el tercer país de la UE con una tasa de riesgo de pobreza más alta. La última Encuesta de Condiciones de Vida señala que el 28,1% de los menores de 16 años sufren esta situación, lo que supone 2,1 millones de niños en riesgo. De ellos, 375.000 se encuentra en situación de «carencia severa» al no tener garantizadas sus «necesidades alimentarias». El problema es de tal magnitud que las oenegés que trabajan con la infancia dieron la bienvenida al plan del Gobierno pero alertaron de que es insuficiente y hacen falta medidas estructurales, a medio y largo plazo, y no meros «parches». Las entidades demandan mejorar la prestación por hijo a cargo hasta los 100 euros mensuales o impulsar una certificación de familias monoparentales.