El Gobierno ha confirmado este jueves el cese de los peajes de las autopistas que acaben en la presente legislatura que pasarán a manos del Estado y serán gestionados "de forma integral" por este, ha dicho. Estos peajes son la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), la AP-7 entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, que suponen casi el 5 % de las líneas de alta velocidad del Estado. No obstante, ha dejado un recado sobre el futuro de las carreteras de este país: "No pueden ser que la mitad de España pague y la otra mitad no", ha advertido.
El ministro de Fomento que ha comparecido sobre este tema a petición del Grupo Unidos Podemos-En Comu y Podem-En Marea, ha puesto como ejemplo el caso de la AP-1, el primero en finalizar su concesión el 30 de noviembre de este año, en el que licitarán un nuevo contrato para asumir su conservación que ya está en trámite de autorización por el Consejo de Ministros, según ha dicho Ábalos. Dentro del contrato, además de la conservación de la carretera se incluirá la demolición de las playas de los peajes y tendrá una estimación de costes de 5,8 millones de euros anuales en los próximos tres años (2019,2020 y 2021) a los que en el año 2019 hay que añadir la adaptación de las instalaciones, por valor de 1,4 millones de euros.
Por su parte, Ábalos ha anunciado conversaciones con las Comunidades Autónomas, la primera de las cuales se celebrará a finales de mes de septiembre con la Junta de Castilla y León a la que afecta la finalización del peaje en la AP-1. Así como de la Diputación Foral de Navarra y Cataluña que ya han designado sendos representantes para tratar este asunto. En el caso de la Comunidad Valenciana se ha remitido un estudio sobre las actuaciones de la AP-7 que trabajarán en una comisión de seguimiento a partir de septiembre.
"Es evidente de que con independencia que acometamos estas situaciones inmediatas, este país tiene que hacer una reflexión profunda sobre la sostenibilidad financiera y medioambiental de las carreteras. No pueden ser que la mitad de España pague y la otra mitad no. Tenemos que procurar una cierta igualdad territorial y tenemos que ver cómo financiamos algo que cada vez cuesta más", concluyó Ábalos, quien señaló que en la actualidad el 88 % de la Red de carreteras del Estado (23.000 kilómetros) se gestionan a través de contratos de conservación integral y obras de conservación; más de 1.000 kilómetros lo hacen vía "peajes en sombra" o pago por disponibilidad (el caso de la autovía Benavente-Zamora) y unos 2000 kilómetros a través de peajes.
El taxi y VTC para las Comunidades
El ministro también ha tratado durante su intervención el rifirrafe entre el sector del taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que, ha asegurado, viven una existencia de "competencia desigual" puesto que no están sujetos al mismo marco regulatorio, siendo el del taxi mucho más rígido que el de las VTC, y ha insistido en que este problema debería ser competencia de las Comunidades Autónomas.
Ábalos ha reconocido que las medidas hasta este momento "han sido insuficientes y no han abordado la realidad del problema" porque esta actividad se desarrolla en el espacio urbano y por lo tanto, ha afirmado en numerosas ocasiones, debería ser regulada por la administración autonómica y local. El ministro ha hecho hincapié también en que la masificación actual se está produciendo debido al crecimiento de "diversas sentencias judiciales que han determinado la entrada en el mercado de nuevas licencias VTC alterando la relación 1/30" y que ha siruado la proporción en 1 VTC por cada 6 licencias de taxi, llegando en alguna comunidad a 1 autorización VTC por cada 3 de taxi, algo que podría incluso agravar en 9.000 autorizaciones más por los procedimientos que hay abiertos.
En este sentido, el ministro y su equipo se reunirán con los distintos sectores para trasladarles su propuesta durante este mes de septiembre.
