El Estado se hará cargo, en primera instancia, de la acogida de los niños y adolescentes que migran solos a España, sin ningún referente adulto, los conocidos como menas. Es el compromiso que ha adoptado el Gobierno Central y que recoge un documento que ha avanzado la Cadena SER. La Generalitat está estudiando si este borrador "invade sus competencias".

Hace más de seis meses que el Observatorio de la Infancia, que depende del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, se reúne con comunidades autónomas, entidades sociales y fiscales, para tratar de elaborar una estrategia de estado sobre la acogida de menores migrantes en España. Según los últimos datos ya son 12.786 los que están acogidos aquí. El plan está prácticamente redactado, ya solo falta que sea aprobado en el pleno y posteriormente, en el Consejo de Ministros.

PRIMER ACOGIDA

El gran cambio en la acogida que plantea el documento es que el Estado se hará cargo de la primera acogida de estos menores. Es decir, que al pisar suelo español serán trasladados a centros que financie y que dependan directamente de fondos del Gobierno central. "No deberían permanecer allí más de dos semanas, se les atendería de forma individualizada, podrían pedir asilo, se les empezaría a tramitar todos los documentos y se les derivaría hacia los centros de las comunidades autónomas más adecuados", explica a el periódico Catalina Perazzo, directora de Sensibilazión y Políticas de Infancia de Save The Children y una de las ponentes de este plan. Allí, por ejemplo, sería donde se les sometería a las pruebas de edad, y ya se les podría empezar a redactar el informe de desamparo familiar para agilizar los trámites de la acogida que correspondería a las comunidades.

Este documento, pues, abriría la puerta a repartir los niños por toda España, ya que en la actualidad Ceuta, Melilla, Andalucía, Cataluña y el País Vasco copan el grueso de menores atendidos. El documento establece criterios de población, el PIB, los recursos de los que dispone cada comunidad, o los menores que ya acoge para repartir estos niños por todo el territorio. "Supone cambiar el protocolo de traslados que fecha del 2015", explica Perazzo, ya que hasta ahora la tutela la ejerce cada comunidad en función de donde se establecía el menor. Ya sea por atravesar la frontera, como ocurre en Ceuta, Melilla y Andalucía, o por haberse fugado de comunidad, como pasa en Cataluña, Madrid o el País Vasco.

"Lo que está detrás de esta propuesta es la firme intención empezar a solucionar el problema de las comunidades desbordadas y dar una respuesta adecuada a estos niños", explica Perazzo. El texto también establece la necesidad de que, una vez los niños sean trasladados, las comunidades tracen planes para facilitar su inserción y establecer relaciones de vínculo con la comunidad.

EL RETO DEL TRABAJO

Una de las dificultades en las que se encuentran los centros que atienden estos niños es que su acceso al mercado laboral es más que complicado porque no pueden acceder a un permiso de trabajo. El documento plantea fórmulas para que, a los 16 años, las comunidades les puedan tramitar permisos de trabajo de forma autorizada.

Otra de las claves del texto es el compromiso de que estos jóvenes, al cumplir los 18 años, no acaben en la calle. "Se habla de establecer programas de inserción laboral y habitacional hasta los 21 años". Algo que, por el momento, solo existe en Cataluña y el País Vasco, aunque no da abasto para atender todos los jóvenes extutelados.