Las carreteras españolas sufren un repunte de la siniestralidad, desde el año 2015, que requiere de nuevas medidas y esfuerzos para que los conductores españoles cumplan las normas y, con ello, se reduzcan los accidentes. El diagnóstico es compartido por el nuevo director de la DGT, Pere Navarro, y el fiscal coordinador de seguridad vial, Bartolomé Vargas. Y también la solución: incrementar los controles para que los conductores no se relajen y sientan que ante la mínima infracción la posibilidad de que te «pillen» es completa. «La supervisión salva vidas», señaló ayer jueves el representante del ministerio público, más proclive a generalizar la presencia de agentes en las carreteras que a aumentar las sanciones.

Por ello, el fiscal ha remitido un oficio a las policías judiciales de tráfico para que se «esmeren» en su actuación, actúen con «mayor rigor y eficacia» en la investigación de los delitos y aumenten los controles, especialmente sobre alcohol y drogas. El último informe del Instituto de Toxicología, presentado esta semana, arroja el dato de que un 42% de los conductores fallecidos en el 2017 habían consumido sustancias que dificultan la conducción, entre las que se incluyen también los psicofármacos, una cifra que no desciende en la última década pese a las sanciones y campañas informativas. Por ello, el director de la DGT, en consonancia con la fiscalía, anunció en aquella presentación que efectivamente habrá más controles, aunque ya se incrementaron en el 2017. Ambas instancias coinciden en que el uso del móvil es en estos momentos «la principal causa de siniestralidad», por ello la DGT estudiará penalizar con entre 4 y 6 puntos que se consulte el teléfono mientras se conduce (ahora se pierden tres). Además, la fiscalía ha pedido a la Policía que investigue pormenorizadamente en los accidentes que han causado muerte o lesión para ver si el motivo es la distracción provocada por el uso del móvil. En este caso, debe ser considerado una imprudencia grave, penada con entre 1 y 4 años de prisión.

LAS LLAMADAS / El fiscal pide a la policía informes detallados sobre la frecuencia y la duración del uso del móvil durante el desplazamiento y estudia una reforma legal para que los agentes puedan consultar las llamadas y los mensajes enviados por el conductor sin cortapisas. La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal del 2015 introdujo un conjunto de garantías para proteger la intimidad del acusado de un delito que, según Vargas, merece un «examen técnico jurídico» que ya está realizando la fiscalía para en breve dar instrucciones precisas a los agentes sobre la posibilidad de consultar las llamadas previas. Hasta entonces, la consulta requiere autorización judicial.

Además, se puede constatar el uso del móvil mediante el testimonio de los ocupantes del vehículo o viandantes, así como por la colocación del teléfono en el asiento o inmediaciones del conductor. También se vigilará el uso del popular navegador.