La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha denunciado este fin de semana que las empresas y entidades titulares de la mayoría de los tendidos eléctricos no están invirtiendo lo suficiente para adaptar la red a la normativa y evitar así la muerte de miles de aves por electrocución, con "las graves consecuencias negativas" que se producenpara el cambio climático y a las generaciones futuras. Esta es una de las conclusiones aprobadas por esta asociación en su congreso anual celebrado en Zaragoza. No solo han debatido aspectos profesionales, como la justicia digital o el acceso a la carrera, sino otros de índole social, como la protección del medio ambiente, la especialización en la persecución de los abusos sexuales a menores y el peligro que la normalización del discurso del odio supone para los valores democráticos.

Los fiscales progresistas han mostrado su preocupación por la muerte de aves que se posan en las torres eléctricas, cuyos defectos, deterioro y falta de reparación provoca que algunas especies, sobre todo las medianas y grandes, sufran quemaduras, lesiones y hasta la propia muerte. Incluso, pueden producir un incendio. En muchos casos se tratan de instalaciones ubicadas en zonas protegidas y las víctimas son animales amenazados o en peligro de extinción.

El Servicio de Medio Ambiente de la Fiscalía de Barcelona abrió en marzo del 2018 una investigación para aclarar si las empresas eléctricas y la Administración cumplen o no la normativa. Los tendidos ocasionan el fallecimiento de unas 33.000 rapaces al año, según un informe que alerta de que la electrocución es una de las principales causas de mortalidad de especies en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica, el águila perdicera y la hubara canaria. El gesto de desplegar sus alas provoca que toquen los cables y reciban una descarga.

ABUSOS SEXUALES A MENORES

La UPF, por otra parte, estima que es necesario avanzar en la especialización en la persecución de los delitos contra la libertad sexual y contra la indemnidad de los menores. Indica que asistimos a un aumento generalizado de estos delitos y las demandas de la sociedad en torno a la tutela judicial de las víctimas" en estos procesos "justifican sobradamente la creación de esta especialidad. A su entender, la fiscalía debe actuar en la vanguardia en cuanto a las formas de persecución menos compulsivas i dañosas para los afectados, evitando una victimización secundaria y el aseguramiento de las pruebas durante la investigación.

Respecto a los delitos de odio, la asociación sostiene que el discurso del odio se propaga velozmente por las redes sociales y los medios de comunicación, llegando a alcanzar a las instituciones, lo que constituye un ataque intolerable a los derechos de grupos especialmente vulnerables. Subrayan que ese discurso es incompatible con la paz social y con la protección de las minorías. La UPF ha nombrado como presidenta la fiscala del Tribunal Constitucional, Teresa Peramato Martín.