Contundente, rotunda y dura. Así se mostró ayer la fiscal Elena Sarasate para demostrar en su informe final que la víctima de la presunta violación durante los Sanfermines del 2016, por la que se sientan en el banquillo cinco miembros de La Manada, no pudo defenderse, se quedó «bloqueada» y tuvo que resignarse y «someterse» a «la actitud criminal» de los acusados, a su «vejación» y a su «humillación». «No hay ninguna duda de que la intimidación fue gravísima», por la superioridad numérica de los procesados y por la «ratonera» (un estrecho pasillo de un metro de ancho) en la que se produjo la agresión sexual, detalló. Y añadió que la joven madrileña «se bloqueó, no pudo resistirse, cerró los ojos y quería que todo pasara cuanto antes». «Ni en sus peores pesadillas se lo podía imaginar», recalcó.

La fiscal fue desgranando una a una las pruebas que existen contra los procesados, a la vez que desmontaba la versión de los cinco miembros de La Manada, para quienes solicita 22 años y 10 meses de prisión, y que han sostenido que fue sexo consentido. La acusación pública lanzó un alud de pruebas incriminatorias, aunque antes ya había calificado de totalmente creíble la versión de la víctima. La joven ha mantenido, a su entender, un relato «coherente», que sigue «las reglas de la lógica» y «persistente», «sin contradicciones». Todo lo contrario, indicó, de los procesados, que se han contradicho entre ellos y carecen de credibilidad.

SERIOS PERO TRANQUILOS / Durante la sesión de ayer, la primera realizada con público, los acusados se sentaron detrás de sus abogados. Repeinados, arreglados y con una actitud seria, pero tranquila, tuvieron que escuchar de boca de la fiscal y durante más de dos horas los argumentos que hay contra ellos. Con el paso de los minutos se fueron soltando y empezaron a hablar entre ellos.

«Nadie discute que hubo una relación sexual», insistió la acusación pública, ofreciendo al tribunal multitud de datos, como las huellas y los restos de semen de los acusados encontrados en el pasillo del edificio donde ocurrieron los hechos, en la ropa interior de la joven y en su vagina. O el chat denominado La Manada, en el que los acusados se vanagloriaron, tras la presunta violación, de haber tenido sexo con una chica («follándonos todos los cinco a una», escribió uno) o las cámaras de seguridad de entidades que confirman la actitud de los procesados y el trayecto que hicieron con la joven.

La fiscal insistió en que «está suficientemente acreditado» que los procesados forzaron y violaron a la muchacha el 7 de julio del 2016. En su opinión, una clara muestra de ello son los siete vídeos, de 96 segundos en total, grabados por dos procesados y en los que aparece una «mujer inexpresiva».

Según la acusación, desde el primer momento los miembros de La Manada tuvieron la idea de mantener relaciones sexuales con la chica y buscaron un lugar donde hacerlo, hasta que lo encontraron: el número 5 de la calle Paulino Caballero.

Dos de ellos agarraron de la muñeca a la muchacha, la obligaron a entrar con «brusquedad» en un portal, subieron unos escalones y en un estrecho pasillo la violaron. «Le taparon la boca», detalló.

FRASES IMPERATIVAS / En los vídeos, la presunta víctima no pronuncia palabra alguna. Los acusados, en cambio, hablan entre ellos y se dirigen hacia ella en un tono «imperativo». «La denunciante no consistió», subrayó la acusadora pública.

En la declaración de la joven, a su entender, no hay «exageración ni invención», pues reconoció que los acusados usaron la fuerza «mínima» pero necesaria, en palabras de la fiscal, para introducirla en el edificio y «doblegar su voluntad». Fue un acto «sorpresivo e inesperado» para ella. «Fue una mujer utilizada para mantener relaciones sexuales», precisó.

Una pareja encontró a la joven en un banco «llorando amargamente» y «casi sin poder hablar». Cuando llegó la policía municipal, la muchacha les relató a los agentes que la habían violado. «No tuvieron ninguna duda de su credibilidad», incidió la fiscal. Argumentó, asimismo, que «no hay ninguna prueba que ratifique la versión de los acusados» de que el sexo fuera consentido. Además, destacó que robaron el teléfono a la chica para dejarla «indefensa», creyendo que «tenían una impunidad».

Por su parte, Miguel Ángel Morán, el abogado de la joven, insistió en que «no hubo consentimiento en ningún momento». El letrado mantuvo su petición de 24 años y 9 meses de cárcel para cada uno de los cinco acusados. El abogado explicó que la declaración de su clienta fue «precisa y consistente» y afirmó que «no había ninguna cuestión de resentimiento ni venganza que pudiese llevarle a hacer eso».