El juzgado de Instrucción de Sevilla que investiga el brote de listeriosis del pasado verano en Andalucía, el más grave de los registrados en España, ha impuesto una fianza de cinco millones de euros a los dueños de la empresa Magrudis, la fabricante de la carne mechada contaminada que originó un brote que se saldó con más de 200 afectados, cuatro muertos y siete abortos. La caución, establecida a fin de poder garantizar las posibles responsabilidades civiles derivadas de indemnizaciones a afectados y compensación a la administración pública por el gasto sanitario derivado, deberá ser formalizada en el plazo de un día, tras el cual el juzgado “procederá al inmediato embargo de sus bienes suficientes para cubrir dicha cuantía”.

Según consta en el auto dictado este jueves, la jueza de instrucción 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, establece esta fianza civil para José Antonio Marín Ponce, dueño real de Magrudis y su hijo Sandro José Marín Rodríguez, ambos en prisión preventiva desde el pasado mes de septiembre, pero también para su esposa Encarnación Rodríguez, y su cuñada, Isabel Rodríguez. Asimismo, la jueza hace responsable de esta fianza a las empresas Magrudis y Elaborados Cárnicos Mario, la sociedad puesta administrada por el otro hijo de Marín Ponce y que, según la investigación policial, tampoco tenía registro sanitario. “Son indudables los indicios racionales de criminalidad” respecto a todos ellos, prosigue el auto judicial, sobre los que pesarían delitos contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario, cuatro homicidios por imprudencia y seis delitos de aborto por imprudencia, además de delitos de lesiones por imprudencia, cuyo número exacto aún está por determinar.

El auto recuerda que, según el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará por el Juez que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no prestare la fianza. Es decir, es necesario que existan suficientes indicios de criminalidad y que exista peligro de no satisfacerse las responsabilidades derivadas del delito”.

En este caso, la jueza recuerda que la compañía causante del brote no tenía fondos suficientes para indemnizar a los cientos de afectados, ya que la póliza de seguro de responsabilidad civil contratada por Magrudis S.L. sólo alcanzaba el importe de 300.000 euros. Una cifra muy inferior a la reclamada por los afectados. Según el auto, sólo el gasto indirecto ocasionado a la Junta de Andalucía por el tratamiento a los afectados asciende a 3.428.663,02 euros, mientras que aún no han sido concretados los ocasionados al Ayuntamiento de Sevilla o incluso a los centros sanitarios de otras comunidades autónomas, por lo que se advierte que esta cifra podría variar en función del desarrollo de la investigación.

El brote de listeria del pasado mes de agosto dejó al descubierto el cúmulo de irregularidades cometidas por la empresa, en cuyas instalaciones y útiles de fabricación de la carne mechada La Mechá se encontraron los gérmenes, pero también el descontrol en los procesos de inspección por parte de las autoridades competentes. La compañía operó sin los permisos correspondientes, se acogió a un régimen de autocontrol e incluso siguió fabricando y envasando los productos cárnicos pese a saber que ya había dado positivo en un laboratorio por la bacteria Listeria monocytogenes.