La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Juliane Kokott, emitió ayer un informe en el que concluye que las «extracciones desmesuradas de agua subterránea» en el Espacio Natural de Doñana incumplen el derecho comunitario y la Directiva de hábitats. Las conclusiones de este informe refrendan las denuncias que viene efectuando WWF desde hace años, alertando del grave deterioro ambiental de Doñana como consecuencia del robo del agua.
A juicio de la letrada, resulta claro que las extracciones de agua provocan un efecto negativo en tres zonas de conservación de importancia europea: Doñana Norte y Oeste y Dehesa del Estero y Montes de Moguer. Asimismo, la abogada también señala la inacción de España ante los efectos negativos de las extracciones de agua para abastecer el núcleo turístico de Matalascañas sobre hábitats protegidos en la zona de conservación de Doñana. Por último, manifiesta la falta de información sobre el estado de las aguas subterráneas, debido al desconocimiento de la Administración sobre las captaciones ilegales.
Tras las conclusiones de la Abogada General, el próximo paso lo dará el Tribunal de Luxemburgo que tendrá que dictaminar sentencia en los próximos meses. WWF recuerda que una posible sentencia condenatoria podría acarrear graves sanciones económicas para España.
Cabe recordar que este proceso se inició hace diez años tras la queja presentada por WWF España ante la Comisión Europea (CE), en la que se denunciaba la extracción abusiva e insostenible de agua en el entorno de Doñana con destino al cultivo intensivo de fresas, ante la total inacción y los reiterados incumplimientos durante años de las autoridades españolas, la Junta de Andalucía, el gobierno central y los ayuntamientos de la zona.
Durante más de diez años, WWF realizó un seguimiento exhaustivo y aportó a este proceso legal informes propios elaborados por expertos y de organismos públicos que demuestran la sobreexplotación y degradación progresiva del acuífero que alimenta Doñana y su grave repercusión en los hábitats y especies, sobre todo en la avifauna y los humedales temporales mediterráneos, por lo que finalmente, la CE el 24 de enero del año pasado decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En respuesta a este proceso y de la crítica situación de Doñana, el Ministerio para la Transición Ecológica declaró el acuífero en Doñana en riesgo y comenzó el cierre de pozos ilegales, pero sigue sin cumplirse el Plan de la Corona Forestal aprobado en 2014, dada la total inacción de la Junta de Andalucía que tiene las competencias sobre el suelo y la agricultura. Muy al contrario, en los últimos años la superficie de cultivos de fresas y cultivos ilegales sigue creciendo a la vista de todas las administraciones, mientras Doñana se seca y se degrada como denuncia en su informe la Abogada General del TJUE.
«España está a punto de ser condenada por permitir la destrucción de Doñana, un patrimonio que pertenece a todos los europeos» explicó Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.
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