Hasta que un medicamento nuevo llega a las farmacias hacen falta años (a veces décadas) de investigación básica y clínica. Un largo y caro proceso que en su mayor parte se costea con fondos públicos pero que al final solo da beneficios a la industria farmacéutica. Pero además de costoso, este modelo de desarrollo de medicamentos es «socialmente injusto» porque obliga a los ciudadanos -y especialmente a los gobiernos- a pagar dos veces por los fármacos, primero con los impuestos que sostienen la investigación biomédica y después con el precio de mercado, denuncia el científico Wolfang Link en un artículo de opinión publicado en The Lancet Oncology, informa Efe.

Asesorado por el economista estadounidense Dean Baker, el artículo del Dr. Link -investigador del Departamento de Biología del Cáncer en el Instituto de Investigaciones Biomédicas «Alberto Sols» (CSIC-UAM)- advierte de que en la última década el desarrollo de nuevos medicamentos ha cambiado en detrimento del consumidor. Y no es el único que lo piensa.

La llegada de un nuevo medicamento al mercado es el resultado de un duro (y largo) trabajo de investigación científica que, durante años y a veces décadas, ha estudiado los mecanismos moleculares implicados en una enfermedad para identificar y validar una diana farmacéutica. Esa ardua tarea recae principalmente en las universidades y organismos públicos de investigación (OPI) que se financian con fondos públicos, explica el científico.

Sin embargo, el resultado de este vasto conocimiento suele ir a parar a las farmacéuticas que han optado por «una especie de subcontratación de los laboratorios pertenecientes a OPIs» y que son las que desarrollan y sacan al mercado el nuevo medicamento con altísimos márgenes de beneficio. La industria farmacéutica justifica los altos precios de algunos medicamentos con la inversión en I+D y el alto riesgo que supone el desarrollo de fármacos, «y es cierto», apunta el Dr. Link, pero también lo es que la parte más arriesgada del proceso se hace con investigación financiada con dinero público. Según datos de la patronal Farmaindustria, cerca del 60% de los 1.147 millones de euros destinados por las empresas farmacéuticas a la I+D en el 2017, esto es 662 millones, financiaron ensayos clínicos y 131 millones, investigación básica.

Para Link, el caso es especialmente grave en los tratamientos contra el cáncer, que son prescritos en el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, pagados íntegramente por la Seguridad Social.

Según la fundación sin ánimo de lucro Salud por Derecho, algunas de las terapias más empleadas contra el cáncer en España rondan los 40.000 euros y otras pueden superar los 100.000 por paciente y año, unos precios inasumibles para el sistema público y que pronto serán impagables, ya que, según las previsiones, en el 2035 se diagnosticarán 315.000 nuevos casos al año (30% más que ahora).

Como el Dr. Link, la oenegé denuncia que el sistema de propiedad intelectual es muy beneficioso para las farmacéuticas en España. Aunque en teoría el sistema de patentes pretende garantizar la recuperación de los recursos invertidos en investigación, no es posible conocer esos costes porque son secretos. Esta falta de transparencia permite que la industria fije los precios de los fármacos arbitrariamente, lamenta Salud por Derecho.

El informe de la oenegé recuerda el caso de fármacos claves para el tratamiento del cáncer, que reportan enormes ingresos a las farmacéuticas pese a que todos se desarrollaron en gran parte gracias a los recursos públicos. En el Trastuzumab, por ejemplo, para cáncer de mama, la mitad de los ensayos clínicos fueron financiados por universidades, centros de investigación o fundaciones. Hoy, este medicamento es uno de los productos estrella de Roche que ya ha ganado 60.000 millones de euros con su venta.