El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció ayer la apertura de un expediente informativo a la concesionaria de la autopista AP-6, Iberpistas (del grupo Autopistas, filial de Abertis), tras quedar atrapados entre la noche del sábado y el domingo miles de vehículos durante horas a causa de las nevadas. De la Serna indicó en declaraciones a la cadena Ser, que comparecerá «sin ningún problema» en el Congreso de los Diputados a causa de los incidentes en las carreteras.
El ministro ha subrayado que dará en la Cámara Baja todas las explicaciones que los grupos parlamentarios de la oposición consideren, «con absoluta transparencia», una vez que Fomento tenga la información de Iberpistas mediante el expediente informativo que le ha abierto, y evaluar, asimismo, si corresponde un procedimiento de infracción.
LA EMPRESA LO NIEGA
Por otra parte, Autopistas, filial de Abertis y propietaria de Iberpistas, la concesionaria de la AP-6, aseguró ayer que el pasado 5 de enero puso en marcha el Plan Operativo de Vialidad Invernal (POVI) bajo la coordinación directa del Ministerio de Fomento y la Dirección General de Tráfico (DGT).
La compañía explicó que la intensa nevada coincidió con la operación retorno, que supuso un incremento de tráfico superior al habitual y que muchos de los vehículos que accedieron a la autopista no contaban con el equipamiento necesario para hacer frente a este episodio.
EXIGEN EXPLICACIONES
Las respuestas no parecieron suficientes a la oposición. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, exigió que el Gobierno y la DGT expliquen la «absoluta falta de previsión» que derivó en un «caos». Desde Ciudadanos, su presidente, Albert Rivera, advirtió de que «el Gobierno no puede arrastrar los pies» en aspectos que afectan a la seguridad ciudadana. Y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, lamentó que la «falta de previsión sea un clásico» , mientras que el secretario de Análisis Estratégico de la formación morada, Íñigo Errejón, denunció que el Estado deba rescatar autopistas privadas a cargo de los ciudadanos. Pues el Gobierno deberá pagar entre 2.000 millones de euros (cálculos de la Moncloa) y 4.500 millones (cifras de la patronal) por el rescate de nueve autopistas para atender su responsabilidad patrimonial.
