La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial informó ayer a favor de que el Estado indemnice al exjuez Francisco Serrano, ahora presidente del grupo de Vox en el Parlamento andaluz, por la decisión de ese mismo órgano de denegarle el reingreso al servicio activo en 2017. La decisión final depende del Consejo de Ministros y el CGPJ no se pronuncia sobre la cuantía de la indemnización, si bien Serrano cifra en 516.635 euros los daños personales y económicos que le causaron las decisiones del órgano de gobierno de los jueces.

El CGPJ rechazó el 2 de marzo de 2017 el reingreso de Serrano después de que cumpliera una pena de dos años de inhabilitación por prevaricación. El Supremo anuló la decisión del Poder Judicial y ordenó su reingreso en la carrera, con lo que el 15 de marzo de 2018 le destinó a un juzgado de Badalona (Barcelona). Francisco Serrano alegó que esas decisiones le causaron daños personales y económicos que cuantifica en 516.635 euros y reclamó una compensación del Estado.

Ahora, la permanente del CGPJ ha acordado que se dan «los requisitos necesarios para la apreciación de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas», pero lo limita al acuerdo por el que denegó su reingreso en la carrera judicial, aprobado el 2 de marzo de 2017. Esa decisión, «le causó un daño individualizado y evaluable económicamente que no tenía el deber jurídico de soportar», admite el Poder Judicial.

Serrano fue condenado a dos años de inhabilitación por el TSJ andaluz por modificar el régimen de visitas de un menor para que pudiera salir en una procesión de la Semana Santa sevillana. El Tribunal Supremo elevó más tarde esa pena a diez años, pero el Constitucional anuló la sentencia, lo que permitió que Serrano reclamara su reingreso en la carrera.