Víctimas de pederastia reclamaron ayer que se amplíen los plazos de prescripción de este tipo de delitos para que los depredadores sexuales «no se vayan de rositas» y acusaron al Gobierno de dar «un trato de favor» a la Iglesia y situarla por encima de la ley.

Así lo denunció Miguel Ángel Hurtado, impulsor de la campaña #elabusonoprescribe y primer denunciante del caso Montserrat, durante un encuentro con la prensa frente al Congreso de los Diputados, en el que han reclamado a los partidos que apoyen una ampliación del plazo de prescripción de los delitos de pederastia.

UNA LEGISLATURA PERDIDA / «Ya hicimos un acto en mayo del 2016, entregamos 300.000 firmas en el Congreso, todos los partidos políticos se comprometieron a estudiar el tema para la próxima legislatura y la legislatura ha acabado y no han hecho nada», lamentó. Se trata, por tanto, de una legislatura «perdida» en la protección a la infancia, mientras día a día siguen saliendo nuevos casos de pederastia. Así, desde la Asociación Infancia Robada, a la que pertenece Hurtado, exigen a los partidos una reforma urgente de la ley y que el plazo de prescripción de este tipo de delitos comience a contar a partir de los 50 años de la víctima, lo que significaría que éstas tendrían tiempo de denunciar hasta los 55 años en los delitos leves y los 65 en los graves.

Se trata (según Hurtado) de una medida «de salud pública» que ha recibido el apoyo de más de medio millón de personas y que no consiste en castigar los delitos que ocurrieron en el pasado, sino de prevenir los delitos que pueden suceder en el futuro.

Hurtado critica, asimismo, que se está dando un trato de favor a la Iglesia católica. «A los políticos españoles les falta valentía, están mandando el mensaje de que la Iglesia está por encima de la ley», ha denunciado.

Así, ha puesto el ejemplo de países como Chile, donde la Fiscalía está realizando registros en los obispados y requisando los archivos, informes internos y expedientes canónicos de curas pederastas. y la cada vez mayor lista de países en donde este delito no prescribe, como en Canadá, Irlanda, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Chile, El Salvador, Ecuador, México, Holanda o Suiza.

Por otra parte, el Atlético de Madrid anunció ayer que Manuel Briñas, de 88 años, colaborador de la cantera y acusado de presuntos abusos a menores en un colegio de Madrid, ha rescindido «su vínculo» con el club e informó de la apertura de «una investigación interna para descartar la existencia de cualquier suceso de este tipo durante los años que estuvo vinculado» a la entidad rojiblanca. El Atlético divulgó en su web un comunicado de cinco puntos tras las noticias publicadas el miércoles y el jueves por El País según las cuales el religioso habría admitido haber abusado sexualmente de un menor cuando era fraile marianista en un colegio entre los años 1973 y 1975, además de haber sido acusado por cuatro personas más de hechos de la misma índole.