La historia se está acelerando. Aunque encerrados en casa los días puedan parecer lentos esta pandemia está relanzando la toma de decisiones que determinarán nuestro futuro inmediato. Hace tres meses la creación de una app que rastree y detecte las personas contagiadas por la covid-19, un virus que ha paralizado el mundo, parecería ciencia ficción; hoy esa opción es ya un consenso en Europa. Sin embargo, no todo está decidido.

En los próximos días se activarán las fases para un desconfinamiento progresivo. Para controlar ese regreso a la nueva normalidad y evitar que se produzca una segunda ola de contagios, e incluso una tercera ola, la gran mayoría de los países de la Unión Europea opta por una app de uso voluntario que, como ha hecho antes Singapur, utilice el Bluetooth de los teléfonos móviles para que «hablen» entre ellos. El móvil va mandando códigos y recibiendo los de otros dispositivos con los que se cruza. De esta manera, si alguna de las personas con las que hemos estado da positivo el sistema nos alertará para que nos pongamos en cuarentena. De esta forma, se establece una cadena de contactos que permitiría rastrear y mitigar la propagación del coronavirus. Uno de los principales problemas del covid-19 es que las personas asintomáticas, las que han resultado infectadas pero no tienen síntomas, pueden contagiar a otras personas. Los expertos señalan que la tecnología puede ayudar a rastrear mejor esos casos, pero que la app debe ir acompañada de medidas sanitarias masivas que, como en Corea del Sur o Taiwán, permitan minimizar su impacto.

EL ANONIMATO / Los países europeos se debaten ahora entre dos modelos de ese sistema: el centralizado o el descentralizado. El primero opta por que sean los gobiernos quienes tengan acceso al servidor con todos los datos para gestionarlos y tomar medidas. Ellos avisarían a los ciudadanos si han dado positivo. Sin embargo, esa vía permitiría desanonimizar los datos y conocer las identidades de los ciudadanos que hay tras estos, algo que inquieta a los expertos.

«Se podrían usar de forma incorrecta para discriminar a individuos y, en el peor de los casos, llevar a un estado de vigilancia permanente que acabaría con nuestra privacidad y libertad», advierte Manuela Battaglini, abogada experta en ética tecnológica. Los gobiernos aseguran que no harían un mal uso de esos datos, pero no hay garantías. Es lo que se conoce como privacidad por confianza.

El segundo modelo opta por que los datos recolectados por la app vía Bluetooth queden encriptados en los móviles. Los usuarios tienen acceso a ellos y, en caso de dar positivo, el móvil les avisa y pueden decidir si mandarlos a las autoridades sanitarias o ponerse en cuarentena. En este caso se trata de privacidad por diseño, pues esa encriptación mediante códigos numéricos evita la identificación de los usuarios. Estas opciones han dividido a los distintos socios de la Unión Europea en dos bandos. A principios de abril el consorcio PEPP-PT (Rastreo Paneuropeo de Proximidad para Preservar la Privacidad) se presentó como una vía tecnológica para desarrollar ese sistema operativo, pero en las últimas semanas su proyecto ha recibido críticas por su apuesta por un modelo centralizado y por falta de privacidad. Francia, Italia y el Reino Unido desarrollan ya sus respectivas aplicaciones con empresas privadas que trabajan con PEPP-PT.

En paralelo, la iniciativa DP-3T, desarrollada por epidemiólogos e ingenieros de ocho universidades europeas, se ha alzado como alternativa. «Nuestro servidor es ciego, la información se queda en el móvil», explicaba Michael Veale, codesarrollador de la iniciativa, en una charla abierta. El representante de PEPP-PT, el empresario Hans Christian Boos, ha dicho que los detalles de esas app no se deben debatir públicamente.

Austria, Estonia, Finlandia, Letonia, Irlanda y Suiza se han decantado por el modelo descentralizado. Alemania apoyó primero al proyecto nacional PEPP-PT, sin embargo este pasado fin de semana decidió pasar a utilizar el modelo DP-3T. Mientras tanto, España está esperando a ver qué tipo de app se impone para determinar entre cuál elegir.

APPLE Y GOOGLE / Ese cambio se debe a la alianza entre Apple y Google para lanzar una interfaz (API) donde los gobiernos puedan desarrollar sus app. Con la inclusión de esta tecnología conjunta, las multinacionales facilitarán la portabilidad entre países, pues controlan el mercado móvil en casi todo el mundo. En España un 85,5% de los móviles funcionan con el sistema operativo Android, mientras que un 14,4% lo hace con iOS, según Kantar.

Esa alianza se fundamenta en el modelo descentralizado de DP-3T, lo que está generando disputas con los países que optan por controlar los datos. Alemania se pasó a esa opción porque no logró forzar a las compañías a que rebajasen sus estándares de privacidad; Francia y el Reino Unido siguen insistiendo. La idea es que todos los países operen bajo la misma base, ya que si trabajan con protocolos distintos las app no detectarán los datos de los usuarios con los que uno pueda cruzarse.

La pandemia ha evidenciado la dependencia de los países de estas multinacionales. «Necesitamos leyes que eviten usar esos datos de forma discriminatoria, como obligar a ir al trabajo con la app o que sea un condicionante para la libre circulación», remarca Battaglini.

Aunque las app de rastreo están en el centro del debate, hay dudas sobre su capacidad. Los expertos creen que para que funcionen debe descargárselas entre un 60 y un 70% de la población. Su uso es voluntario, así que si el ciudadano no confía en la app y opta por no usarla no funcionará.

Eso pasó en Singapur, donde se la descargó un 12%. Teniendo en cuenta que muchos ancianos y menores no disponen de un dispositivo móvil, la dificultad para que ese reto se logre ha llevado a los Países Bajos y a Bélgica a descartar el uso de esas aplicaciones.