Las primeras denuncias sobre bebés robados en España llegaron al Parlamento Europeo hace un lustro. Aunque las competencias son limitadas, no han pasado desapercibidas y los eurodiputados de la Comisión de Peticiones acaban de aprobar un informe en el que instan al Gobierno de Mariano Rajoy a tomar medidas para crear una fiscalía especializada y un banco público de ADN que facilite la identificación de posibles víctimas.
«Es un paso importante para dar respuesta a los afectados por el escándalo», valora la ponente del informe, Jude Kirton-Darling, sobre lo ocurrido antes, durante y después de Franco. Esta socialista británica lideró la misión de inspección a Madrid durante la cual se reunieron con representantes del Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo, la Comisión de Justicia del Congreso, la Conferencia Episcopal y con doctores, expertos, periodistas y los peticionarios.
20 VOTOS A FAVOR Y 9 EN CONTRA
El informe, aprobado con 20 votos a favor y 9 en contra, es el resultado de la visita. Un documento que, pese a los intentos del PPE por suavizarlo, incluye una quincena de recomendaciones en las que se insta al Gobierno a «tomar la iniciativa», «investigar qué sucedió» y determinar «quiénes fueron los responsables» para devolver la confianza a las víctimas y arrojar luz. El PP votó en contra, según explica la eurodiputada Rosa Estarás, para oponerse a dos enmiendas de la izquierda que solo pretendían «criticar a las autoridades españolas sin motivo».
El documento pide al Gobierno una investigación «efectiva y eficaz», sin posibilidad de amnistía, y la creación de un banco público de ADN que permita cruzar datos y ayude a verificar la identidad de las posibles víctimas, con test gratuitos y sin orden previa ni de un juez ni de la fiscalía. Además, reclama una fiscalía especializada, responsable de investigar las denuncias en detalle, el nombramiento de un fiscal especial, una unidad judicial para investigaciones ad hoc, y unificar criterios para evitar que los delitos no sean juzgados por haber prescrito. También recomiendan a la Fiscalía General del Estado que sea más proactiva, «actuando de oficio» para evitar «que la carga del proceso recaiga sobre las víctimas».
PEDIR PERDÓN
Por último, se pide la creación de una comisión de investigación en el Congreso que aclare si fueron casos aislados o una trama. E insta al Gobierno y a la Iglesia a facilitar el acceso a documentos del registro civil y a los registros de nacimientos de los hospitales, parroquias y congregaciones religiosas. A las autoridades eclesiásticas, además, les pide que reconozcan «su posible implicación» y que pidan perdón a las víctimas como hizo la Iglesia católica en los casos de adopciones forzadas en el Reino Unido.
