La expareja de la trabajadora de IVECO que se suicidó tras difundirse un vídeo suyo de contenido sexual ha sido detenido, según ha adelantado la cadena SER. El hombre era el principal sospechoso y se ha entregado este jueves en un cuartel de Mejorada del Campo (Madrid).

El presunto autor de la difusión del vídeo con imágenes íntimas, compañero de trabajo de la víctima, está prestando declaración en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, según han informado a Efe fuentes policiales.

El hombre, que tuvo una relación previa con la suicida y que supuestamente habría difundido el vídeo hace alrededor de un mes, se ha personado a las cuatro de la tarde de este jueves en el cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo, en Madrid, localidad en la que reside, pero ha sido puesto a disposición de la Policía, que investiga el caso.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares ha abierto este jueves una investigación por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos en el caso relativo al suicidio de la trabajadora de Iveco, después de que sus compañeros compartieran un vídeo con imágenes íntimas sexuales de ella.

Diligencias previas

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la jueza ha acordado incoar diligencias previas una vez que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado le han remitido el atestado con las diligencias realizadas hasta este momento.

La mujer, de 32 años, se suicidó el pasado sábado después de que un vídeo grabado hace cinco años se difundiese entre gran parte de la plantilla de su empresa. La jueza que se encargó del levantamiento del cadáver será la misma que ahora investigue el caso.

Un mes circulando

Fuentes de la investigación han confirmado a Efe de que la difusión del vídeo comenzó hace alrededor de un mes, no una semana, como se había apuntado inicialmente. La Policía ya estaba investigando quién inició y quiénes colaboraron en los envíos entre numerosos empleados de la empresa Iveco de San Fernando de Henares (Madrid). Ahora, el caso se ha judicializado y la magistrada ha decretado el secreto de las actuaciones.

Otras fuentes próximas al caso ya señalaban a un compañero con el que la víctima tuvo una relación en el pasado como responsable del inicio de la difusión de ese vídeo. El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.

Cinco grabaciones más

Fuentes cercanas al caso informaron a Efe de que no existe un solo vídeo, sino cinco grabaciones de contenido íntimo y cuya divulgación empezó desde "dentro de la propia empresa". Según explicó CGT Iveco cuando se conoció la noticia, los vídeos fueron grabados hace cinco años y, al ser compartidos entre los compañeros, la afectada se dirigió a Recursos Humanos de la empresa para explicar la situación; este departamento le aconsejó denunciar los hechos, pero ella rehusó hacerlo.