Un juez de Barcelona ha condenado a la empresa Roca Sanitarios a indemnizar con 556.205 euros a la viuda de un trabajador de su fábrica de Gavá (Barcelona), que falleció en el 2017, por ser la responsable de su situación de gran invalidez provocada por la inhalación de fibras de amianto. El afectado prestó sus servicios en las instalaciones de la compañía entre los años 1970 y 1989, periodo durante el que, según acredita la sentencia, se utilizó este material en la fabricación de componentes de grifería y, especialmente, en la producción de zapatos de freno para la industria ferroviaria.
La resolución dictada por el titular del Juzgado Social número 25 de Barcelona, Domingo A. Sánchez, fundamenta sus conclusiones en un claro y contundente informe de la Inspección de Trabajo que establece que Roca Sanitarios no ha hecho nada para evitar el riesgo por amianto que existía en la planta de Gavá . El dictamen de la inspección destaca que la firma tomó ninguna medida preventiva para la protección de los trabajadores frente al riesgo de exposición al amianto . El juez precisa que existen múltiples sentencias que nadie niega y que afirman que en Roca había polvo de amianto que afectaba a los empleados.
UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL
El afectado tenía reconocida desde 1995 una incapacidad permanente absoluta por padecer silicosis pulmonar con severa insuficiencia ventilatoria. Este diagnóstico se amplió después de que se le detectara en el 2017 una mesotelioma pleural, una dolencia adquirida por la exposición continua al amianto. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) revisó entonces su grado de discapacidad y le reconoció la situación de gran invalidez (necesita permanente ayuda de terceros para cualquier actividad cotidiana) derivada de una enfermedad profesional, que fue la causa de su fallecimiento. El fallo judicial recuerda, además, que la víctima no tenía factores de riesgo graves para contraer la enfermedad.
La empresa condenada hizo servir juntas de amianto para piezas de grifería hasta, al menos, el 2004, transcurridos cuatro años desde la prohibición del amianto a la Unión Europea y cuando hacía dos años que había expirado la moratoria para cesar este material que se concedió al Estado español a petición del Gobierno de José María Aznar, según destaca el Col.lecitu Ronda, que ha defendido los intereses de la familia del trabajador afectado.
