La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, anunció ayer que «antes de que acabe el año» se van a convocar ayudas a estudiantes con discapacidad con los 7 millones de euros recaudados por el Ministerio de Hacienda de las cuentas corrientes abandonadas en España. Lo anticipó durante su primera comparecencia ante la Comisión de Discapacidad en el Congreso de los Diputados, a petición propia y a la que no habían asistido nunca sus anteriores compañeros de cartera, Ana Mato y Alfonso Alonso, para detallar las políticas del Gobierno en este ámbito, así como las futuras reformas legislativas.
Como la de cambiar la ley electoral para permitir que todas las personas con discapacidad puedan votar, que se debatió en el Congreso, y que la ministra de Sanidad aconsejó que se haga «con rigor y máximo consenso».
Respecto a las medidas de apoyo a los jóvenes con discapacidad, Montserrat aseguró que los 7 millones de euros recaudados en las cuentas sin movimientos durante 20 años -por fallecimiento sin testamento-, tendrán «por primera vez un objetivo finalista, que es la formación de personas con discapacidad».
En concreto, dijo que se destinarán a que «los jóvenes puedan completar su formación y desarrollo profesional con becas y para la investigación adaptada a mejorar su formación», y que tendrá en cuenta especialmente «los gastos de desplazamiento del usuario con discapacidad» con el objetivo de que estén en vigor en el curso 2018-2019.
La ministra también destacó otras adaptaciones de leyes, como la que realiza el Ministerio de Justicia, «que está avanzada», que supondrá cambiar un sistema basado en la sustitución de la adopción de decisiones por un tutor -como hasta ahora viene sucediendo por defecto- por otro de asistencia para la toma de decisiones, que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de las personas.
En materia de empleo, destacó la importancia del currículo anónimo -al que se han adherido más de 80 empresas- que permite que se valore a las personas por su capacidad y que «la selección de personal sea neutra».
En empleo público, detalló que la reserva del 7% en las plazas MIR para sanitarios ha permitido que 3.200 personas con discapacidad se hayan formado y que los ministerios de Hacienda y Justicia hayan aumentado esas reservas de plazas para empleo público, el primero del 2% al 4 %, y el segundo del 5% al 7 %.
CASILLA DEL IRPF / La ministra Montserrat abordó los cambios en la financiación de las ayudas con cargo a la casilla del IRPF de fines sociales tras la sentencia del Constitucional, que resolvió un recurso de la Generalitat de Cataluña, y dijo que si todos los contribuyentes marcaran esta casilla se repartirían 500 millones de euros «en el programa social más potente», que cada año beneficia a unos 7 millones de personas.
En su intervención, la responsable de Servicios Sociales detalló a la comisión el informe sobre la valoración de la aplicación de la ley de dependencia en 10 años y dijo que el 88% de los usuarios se han incorporado en los últimos seis años, en concreto, 807.000 personas.
