No hay que olvidar los efectos que la exclusión social tiene en la salud: el 8,8% de la población ha tenido que dejar de comprar medicamentos y el 15% no puede acceder a un tratamiento bucodental. O en los servicios públicos, ya que, por ejemplo, no se ha recuperado el gasto sanitario anterior a la crisis, sobre todo en dependencia, y las prestaciones por hijo a cargo apenas han subido cinco céntimos mensuales en los últimos 12 años. El informe también pone de manifiesto un desplazamiento geográfico de la exclusión, de forma que la tradicional panorámica «norte rico-sur pobre» ha sido sustituida por el eje sur-mediterráneo, algo que Guillermo Fernández achacó principalmente a la escasez de plazas residenciales como vivienda y centros de mayores en las comunidades más turísticas. «La gestión insolidaria de la crisis y el individualismo están hipotecando nuestro futuro», censuró Fernández, que quiso concluir el informe lanzando este debate «cívico» a los partidos políticos: «Hoy que están finalizando los pactos, ¿cómo vamos a recuperar a esos 1,8 millones de expulsados?».