La Dirección General de Tráfico estudiará introducir en la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial el equipamiento que han de llevar los vehículos de manera obligatoria cuando transiten por lugares en los que las nevadas sean frecuentes. El anuncio de la medida llegó acompañado de un consejo con los 18 artículos que todo conductor debería llevar en su vehículo para los casos de nevadas. El tuit, que fue borrado por las mofas de los internautas, proponía, «en situaciones graves como una nevada» entre otros, un pack con una radio, un silbato, una linterna, un teléfono, barritas energética y una pala. La propuesta fue lanzada por el Comité de Seguridad Vial, presidido por el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, cuyo tuit del día anterior ironizando sobre su ausencia el día de la nevada ya indignó a las redes y a la oposición, que pidió su cabeza.
El comité estudió varios informes cuyas conclusiones van en la línea de responsabilizar del caos a la concesionaria Iberpistas, filial de Abertis. No solo aseguran haber detectado «importantes y graves defectos» de procedimiento y comunicación en su actuación sino que la llegan a acusar de actuar de «manera negligente» en muchos aspectos. Respecto a la actuación de la Administración, el comité se limita a afirmar que la DGT hará «un informe exhaustivo» en el que concrete los procedimientos de gestión y coordinación que hay que modificar para mejorarlos en el caso de fenómenos meteorológicos extremos.
La antecesora de Serrano al frente de la DGT, María Seguí, no se cortó y consideró «un error» culpar a los ciudadanos del caos como hizo el primer día su sucesor. Ni siquiera lo defendió con mucho énfasis su ministro, el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido. En sus primeras declaraciones tras el colapso y ante las reiteradas preguntas de los periodistas, se limitó a afirmar que «es un hombre muy trabajador que ya dio sus explicaciones». Tanto para la concesionaria como para la DGT el frente judicial se ha complicado aún más. La Fiscalía de Madrid abrirá una investigación de oficio para determinar si en el caso de la AP-6 se cometió un delito contra los derechos del consumidores.
RESPONSABILIDADES
Esta orden se hace «en defensa de los intereses de los usuarios para averiguar la realidad, naturaleza, motivos y posibles responsabilidades de dichos hechos, todo ello de acuerdo con el artículo 51 de la Constitución», según anunció el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo. Éste recordó que el corte de carretera a lo largo de casi 80 kilómetros motivó que las personas que viajaban a bordo de los vehículos estuvieran «muchas» horas atrapados en la nieve.
Dos asociaciones de consumidores, OCU y Facua, además de la plataforma afectadosporlanevada.es, ya habían avanzado que llevarán a Iberpistas y al Gobierno ante los tribunales por el caos y ahora han celebrado la iniciativa de la fiscalía.
