Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que, presuntamente, estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas call center- desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica.
Los siete detenidos se hacían pasar por intermediarios de los ficheros de morosidad para eliminar el importe de las supuestas deudas, aunque posteriormente se quedaban el dinero y la deuda seguía existiendo. La mayor parte de las víctimas no percibía el fraude gracias a que el diseño y el funcionamiento del proceso delictivo tan impecable que aparentaba ser legal, por lo que apenas se han registrado denuncias.
USABAN SIN AUTORIZACIÓN MARCAS COMERCIALES LEGALES
La investigación se inició a mediados del año 2016, cuando se detectó el funcionamiento de esta organización criminal. La forma de actuar consistía en utilizar diferentes páginas web que ofrecían servicios de gestión de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los diferentes ficheros de solvencia patrimonial y crédito.
Estos servicios eran ofertados por el grupo criminal de forma supuestamente gratuita a través de las mercantiles que habían constituido, cuando realmente conducían a los usuarios a iniciar un proceso que incluía diferentes llamadas de tarificación adicional de manera fraudulenta, lo que suponía un alto perjuicio económico para las víctimas.
Las compañías que realmente gestionan los ficheros de solvencia patrimonial y crédito, disponen de un servicio gratuito para que los usuarios puedan conocer qué datos obran en la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito y puedan solicitar la rectificación o cancelación de los mismos.
TARIFACIÓN ADICIONAL
Sin embargo, el procedimiento realizado por los detenidos consistía en utilizar números de tarificación adicional para que los usuarios contactasen con sus empresas, lucrándose económicamente por ello y sin ofrecer a las víctimas el servicio que presuntamente deberían prestar.
Las empresas de los detenidos usaban sin autorización las marcas comerciales que eran propiedad de los verdaderos gestores de los ficheros de morosidad. A continuación, confeccionaban sus páginas web para transmitir a los usuarios una apariencia de credibilidad y legalidad y simular que eran los auténticos propietarios de los ficheros de solvencia patrimonial.
LLAMADAS DE HASTA 30 MINUTOS
Para maximizar los beneficios económicos y el perjuicio de las víctimas, los operadores mantenían a los usuarios al teléfono el máximo tiempo posible mediante múltiples silencios y la supuesta realización de gestiones que no tenían otro objetivo que alargar las llamadas de forma innecesaria para aumentar la tarificación. Con frecuencia, estas llamadas podían llegar a los 30 minutos, que es el tiempo máximo permitido por la ley para las llamadas a los números de tarificación adicional.
En el caso de que las víctimas se pusiesen en contacto con la compañía para solicitar información sobre los ficheros de morosidad, y no estuvieran incluidos en ninguno de ellos, los investigados siempre respondían por defecto que el usuario podría estar incluido por lo menos en dos ficheros de morosidad e indicaban que se debía llamar al número de tarificación adicional para continuar el proceso.
Les decían que ese número era gratuito y subvencionado y que la duración media de la llamada sería de cinco minutos. Sin embargo, nunca era posible terminar el proceso de consulta en una sola llamada, aunque el usuario no estuviese incluido en los ficheros de morosidad, obligándole por tanto a realizar varias llamadas sin recibir ninguna contraprestación por parte de las empresas investigadas y con un gran perjuicio económico.
Los detenidos obtenían ingresos ingentes: en uno solo de los múltiples teléfonos que utilizaban podían obtener unos beneficios superiores a los 80.000 euros.
CUATRO MILLONES DE EUROS
En el transcurso de la investigación se detectó que los investigados, sobre los que pesaban más de 15 requisitorias por sus actividades delictivas, empezaban a pasar a un segundo plano para evitar ser detectados y comenzaban a utilizar empresas pantalla y testaferros como cabezas visibles de sus actividades ilícitas. Además, para evadir la acción de la justicia, los dos principales investigados cambiaban frecuentemente de domicilio. Por este motivo fue bastante difícil localizarles por parte de los investigadores.
Debido al cambio continuo de empresas y cuentas bancarias utilizadas para recibir los ingresos procedentes de la estafa, de momento no es posible cuantificar con exactitud el importe del fraude investigado, aunque si se tiene en cuenta que hay miles de víctimas y que el dinero que se obtenía de cada una de ellas puede ser cercano a los 1.000 euros, el beneficio ilícito obtenido por los detenidos supera los cuatro millones de euros.
