Las quejas por la supuesta opacidad de la Comisión Europea en la gestión de los contratos firmados con las empresas farmacéuticas para el suministro de vacunas contra el covid-19 han llegado a la mesa de la Defensora del Pueblo Europeo, Emilly O'Reilly. El organismo, encargado de investigar las reclamaciones contra las instituciones europeas, ha lanzado una investigación por la negativa de Bruselas a compartir los contratos con Corporate Europe Observatory (CEO). El Ejecutivo comunitario tiene hasta el 11 de febrero para dar una respuesta positiva a la oenegé, según han informado.

La entidad solicitó el año pasado el acceso al contrato firmado con la farmacéutica AstraZeneca, el primero de los seis cerrados hasta ahora, para el suministro del fármaco desarrollado junto a la Universidad de Oxford. Bruselas rechazó la petición alegando la necesidad de proteger los intereses comerciales de la empresa y rechazando que hubiera un interés público primordial en la transparencia. CEO recurrió la decisión pero sin respuesta de la Comisión Europea.

CEO tampoco ha recibido respuesta a su petición de acceso a otros documentos relacionados con la negociación de las vacunas, incluidas notas de reuniones y correspondencia así como los nombres de los miembros integrantes de los equipos negociadores, que son siete expertos designados por los Estados miembros, según explican en un comunicado en el que denuncian la opacidad, pese al gasto de 2.800 millones de euros de fondos públicos.

Hace cuatro meses remitidos peticiones de libertad de información para dar un poco de luz a los contratos de vacunas con las empresas farmacéuticas pero la Comisión Europea ha elegido la táctica de los retrasos y el secretismo, ha denunciado Olivier Hoedeman, investigador de la oeneg, que considera buenas noticias la investigación.