El Defensor del Pueblo exige una mejora de los centros de acogida

Francisco Fernández Marugán reclamó un protocolo de intervención para mejorar la primera acogida y asistencia de las personas que llegan a las costas españolas en situación irregular. En su opinión, la respuesta que está dando España es insuficiente a pesar de los más de 30 años transcurridos desde la primera llegada de una patera. «España debe estar preparada para poder realizar en condiciones dignas y con garantías el rescate, acogida y cuando resulte posible, devolución de estas personas», apuntó.

El años pasado, la Institución comprobó las condiciones en las que se producía la asistencia y primera acogida de personas que entraron irregularmente por Algeciras, Málaga, Motril, Almería, Cartagena y Murcia y, según Marugán estas dependencias son inadecuadas. Para el Defensor es inadmisible que en 2017 se pueda presenciar, entre otras cosas, a madres con bebés en calabozos, a menores no acompañados encerrados en celdas, a hombres durmiendo en el suelo o lugares dónde no existe la calefacción a 20 metros del mar. Por este motivo, Fernández Marugán propuso en la Comisión algunas ideas para diseñar un nuevo sistema de primera acogida. En este sentido insistió en que considera clave que se establezca un protocolo de intervención que contemple infraestructuras idóneas, medios humanos especializados y criterios de colaboración y coordinación entre administraciones, organizaciones internacionales y sociedad civil. Además, estima imprescindible contar con un catálogo de infraestructuras próximas que puedan activarse de forma inmediata independientemente del punto por el que se produzca la entrada de personas en situación irregular, en vez de instalaciones fijas en cada lugar. Al tratarse de una realidad cambiante, apuesta por contar con unos equipos multidisciplinares móviles con capacidad de despliegue, en lugar de grupos permanentes sobre el terreno para realizar la identificación de personas en situación de especial vulnerabilidad (menores no acompañados, víctimas de trata o solicitantes de asilo y protección internacional). Para realizar con garantías un triaje social y jurídico, en estos equipos deberían colaborar fuerzas y cuerpos de seguridad, personal dependiente de la Secretaría General de Inmigración, de la Oficina de Asilo y Refugio y de las administraciones autonómicas y locales, en colaboración con organizaciones internacionales, entidades sociales y colegios de abogados.

Durante su comparecencia, Fernández Marugán también se refirió a la actuación de la Institución tras el internamiento de un grupo de más de medio millar de hombres de origen argelino en el Centro Penitenciario Málaga II (Archidona) en funciones de CIE de carácter temporal que llegaron de manera irregular a las costas de Murcia. El Defensor hizo un seguimiento exhaustivo desde que se tuvo conocimiento de su utilización. Estas instalaciones fueron visitadas en dos ocasiones por personal de la Institución en su doble condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (Mnp).

El Defensor se refirió finalmente al Pacto de Estado contra la Violencia de Género para recordar que en él se señala específicamente la publicidad del negocio de la prostitución en los medios de comunicación escrita y se aboga por su prohibición. Para la Institución que preside la prohibición de estos anuncios es una medida necesaria que contribuirá a la lucha contra la explotación de la mujer.

Fernández Marugán también se mostró partidario de perseguir la publicidad de prostitución en redes sociales y los panfletos anónimos que se distribuyen en las calles de numerosas ciudades. En su opinión, es necesario intensificar la vigilancia de contenidos sexistas, denigrantes o discriminatorios.