El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado este martes el recurso que el PSOE presentó en el 2014 contra la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (Lomce), conocida como ‘ley Wert’. El TC ha avalado así que se subvencione con dinero público a los colegios que segregan por sexos a sus alumnos y también otros aspectos de la norma que habían sido cuestionados, como la segregación de los alumnos en itinerarios académicos o que la asignatura de Religión sea evaluable y que esta, o su alternativa, sean obligatorias. El pleno ha fallado por mayoría de ocho votos contra cuatro.
Al ser el recurso desestimado en su totalidad, se confirman todos los aspectos de la norma. Por ahora solo se conoce el sentido del fallo. Habrá que aguardar a que sea publicada la sentencia en la que se fundamenta la decisión y los votos particulares de los cuatro magistrados contrarios: Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.
«educación diferenciada» / Tras conocer la sentencia, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha defendido la educación diferenciada como «un ejercicio más de la libertad», ya que, ha dicho, nadie está obligado a llevar a sus hijos a un colegio que segrega por sexos. A su juicio, el Constitucional se ha limitado a «reafirmar» con su sentencia una situación que está «tutelada» y «en línea» con las convenciones de la Unesco y que existe en otros países de nuestro entorno.
En cuanto a la segregación por sexos, la portavoz socialista de Educación en el Congreso, Luz Martínez Seijo, ha dicho que este asunto es muy «preocupante» y ha apuntado que existe un modelo educativo más centrado en una ideología de la derecha que permite «esa segregación y, al mismo tiempo, lo contrario». La Constitución es un modelo muy amplio que, al admitir «una cosa y la otra» no ofrece «la seguridad» que debería proporcionar» al sistema educativo, según Martínez.
Según el portavoz de Educación de Podemos, Javier Sánchez, el fallo del TC es «una malísima noticia para la educación de nuestro país». A pesar de la sentencia, su formación «está convencida de que la educación que separa a niños y niñas es contraria a los valores democráticos y los derechos humanos».
La portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, ha destacado que los colegios sostenidos con fondos públicos y que segregan por sexo no son inconstitucionales, como ha fallado el TC, pero ha recordado al mismo tiempo que tampoco son «obligatorios». Martín ha especificado que la educación diferenciada «nunca» ha sido el modelo de su grupo, pero que respetan las sentencias judiciales.
Desde la Conferencia Episcopal se ha aplaudido la decisión del TC, al considerar que «es una buena noticia, sobre todo para los padres», porque garantiza su derecho «para elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos».
La comunidad educativa también ha expresado su opinión. Francisco García (CCOO) ha considerado que se trata de una «sentencia política que refuerza la Lomce y las políticas segregadoras del PP, que no son del siglo XXI». También ha anunciado que en los próximos se informará sobre movilizaciones de la Plataforma por la Escuela Pública.
Por su parte, María Isabel Loranca (UGT) ha expresado su respeto al derecho de los padres a elegir el modelo educativo que quieran, pero se ha mostrado «totalmente en contra de que ese tipo de educación sea pagada con dinero público».
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) ha rechazado el aval del Constitucional porque «afecta y mucho a la educación» en España. En en el mismo sentido se ha pronunciado Ana García, del Sindicato de Estudiantes, que ha apuntado que, «si las cosas siguen así, habrá que volver a tomar las calles».
