El derecho a decidir sobre la propia muerte está más cerca de ser reconocido en España. La mayoría absoluta del pleno del Congreso de los Diputados apoyó este martes admitir a trámite una proposición de ley de despenalización de la eutanasia que afectaría tanto a las dolencias terminales como a las enfermedades que causan dolor grave de carácter permanente, tanto físico como psíquico. Aunque aún queda por delante una tortuosa tramitación parlamentaria no exenta de obstáculos, para las personas afectadas se ha abierto «una puerta a la esperanza» en palabras de Isabel Alonso, la presidenta de Derecoh a Morir Dignamente (DMD) de Cataluña, la entidad que promovió la iniciativa en la cámara catalana. Sus representantes, que han asistido al pleno, se han mostrado «muy satisfechos» y no solo porque se haya admitido a trámite sino porque se haya llevado a cabo por mayoría absoluta. Un requisito necesario para que la propuesta llegue a buen puerto al comportar la reforma de una ley orgánica, el Código Penal.

Actualmente, el artículo 143.4 del Código Penal contempla penas de prisión de hasta diez años por inducir o cooperar en un suicidio pero las atenúa a un máximo de cinco años en el caso de la eutanasia. La despenalización comportaría exonerar este acto de toda responsabilidad. Tras el debate de ayer, la votación se hará efectiva el jueves, pero los portavoces del PSOE, Podemos, ERC, PDCat, PNV y otros grupos minoritarios que suman un total de 180 diputados ya han anunciado durante el debate su apoyo a la propuesta, frente a la abstención de Ciudadanos y el rechazo del PP. Es la primera vez que el Congreso acepta tramitar una iniciativa que va tan lejos a la hora de admitir la eutanasia. La clave hay que buscarla en el abandono de las reticencias que tradicionalmente se había mostrado sectores democristianos.