Ya no ocupan las primeras páginas de los diarios ni son materia de enfrentamiento político. Pero los miles de presuntos estafados por Fórum Filatélico y Afinsa siguen luchando por recuperar su dinero. Para ello, tienen que descubrir entre miles de ofertas de abogados y asociaciones cuál no intentará engañarles de nuevo. De momento, el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) les comunicó ayer una mala noticia para sus bolsillos. Para personarse en el procedimiento mercantil --donde no vale una demanda colectiva como en el proceso penal sino que tienen que presentarse, uno por uno, todos los afectados-- es necesario hacerlo a través de un abogado o una asociación de consumidores, que les cobrará, como mínimo, la cuota de socios.

Concurso por insolvencia

La presidenta del CCU, Francisca Sauquillo, afirmó que a finales de mes se dictarán los autos de declaración de concurso por insolvencia (antigua suspensión de pagos). A partir de ahí, los afectados tienen un mes de plazo para presentar en el juzgado la documentación que acredita sus inversiones en ambas sociedades. Una vez contabilizado el patrimonio de Fórum y Afinsa, los jueces podrán comprobar si hay dinero para devolver lo invertido a los acreedores.

Mientras, los afectados intentan agruparse para defender su causa. En toda España han surgido decenas de asociaciones de clientes, empleados o ambas cosas. Unas creen a pies juntillas el discurso de las empresas, que repiten una y otra vez que son inocentes. Otras agrupan a los que se sienten realmente estafados y solo quieren que las firmas, o el Estado, les devuelva sus inversiones. "Confiamos y desconfiamos de todos, pero vamos a luchar por descubrir la verdad", afirma Oscar Ramos, miembro de la asociación de afectados por Fórum, que aspira a tener unos 3.000 afiliados.

Unos y otros tienen que lidiar con una maraña de abogados y asociaciones que desde el principio se dieron cuenta del suculento pastel que supondría ejercer la defensa jurídica de los afectados. "Los abogados son los que van a salir ganando, pero no podemos renunciar a ellos. Diez bufetes se han acercado a nosotros y nos han dicho que por menos de mil socios no mueven una mano. Si conseguimos 5.000 nos cobrarán 60 euros por persona y el 1% de lo recuperado", destaca Ramos.

En Barcelona, por ejemplo, la Asociación de Afectados Afinsa-Fórum cuenta con 1.500 socios. Además de manifestarse los martes en la plaza de Sant Jaume, están estudiando ofertas de varios bufetes. Entre ellos, uno representa a directivos de Fórum. "Sabemos que defenderá los intereses de la firma, pero hay que considerar su oferta", afirma una portavoz.

La Asociación de Usuarios de Banca, Ausbanc, es otra de las organizaciones que está peleando por los intereses de los estafados. Defiende a 800 afectados a los que exige asociarse, aunque no les cobra el alta sino 12 euros al mes. Cuando acabe el proceso, les reclamará "una cantidad que no superará el 10% de lo recuperado", explica la letrada Nuria Organista.

Frente a la idea de que la unión hace la fuerza, hay abogados que aseguran que lo colectivo "es más barato, pero no más efectivo". Así lo afirma el letrado Andrés Vilacoba, que pertenece al primer bufete que presentó sendas querellas. Sus letrados se reunen periódicamente con afectados de toda España. "Se corre la voz y nos llaman", dice Vilacoba. Además, advierte que en algunas asociaciones quien ejerce la defensa es un abogado de oficio "al que el cliente no conoce y al que no le puede echar la bronca". Vilacoba no dice cuánto cobra, ya que el colegio de abogados prohíbe publicar las tarifas.

Frente a la maraña de organizaciones y abogados, el presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas (Adicae), Manuel Pardos, aboga por la unión para "acabar con la confusión y desorganización".

Lo que está provocando que los afectados actúen a través de múltiples representantes es un atasco en la Audiencia Nacional. La semana que viene, por fin, se abrirá la ventanilla única, que estará ubicada en la antigua oficina para las víctimas del caso del aceite de colza.