Puede ser Matrix o puede ser algo más serio. Lo cierto es que tras el referéndum del 1 de octubre, se abre en la política española un período de alta tensión, de decisiones e indecisiones cuyo final es incierto. Desde las filas independentistas catalanas se auguran días de vino y rosas con una supuesta nueva república que resolverá buena parte de los problemas de los ciudadanos. Desde las filas antiindependentistas, se vislumbra un período oscuro que puede desembocar en una autarquía dictatorial en la que los valores democráticas están seriamente comprometidos.
Uno de los capítulos más desconcertantes de la nueva república catalana es el referente a la Justicia. En el nuevo régimen de Puigdemont, el Tribunal Superior de Justicia se convertiría en el Supremo de Cataluña. Su presidente sería nombrado por el presidente de la Generalitat, lo que politiza en grado sumo la Administración de la Justicia. Y en justa compensación, la figura del presidente de la Generalitat es inviolable y solo podría ser imputado o procesado por el presidente del Supremo catalán.
El exsenador de ERC Santi Vidal aseguró en varias conferencias que el Gobierno catalán ya tiene confeccionada una lista de unos 300 jueces que serían los alineados con el independentismo y que tendrían plaza segura en la nueva Administración catalana. Un dato preocupante, porque evidencia que ya existen listas negras de funcionarios confeccionadas desde el propio Gobierno.
