Buena parte del trabajo que durante décadas se realizó con éxito en Estados Unidos para disminuir el consumo de tabaco entre menores quedó reducido a cenizas cuando entraron en el mercado los cigarros electrónicos y, especialmente, los líquidos de sabores para vapear. Hoy el país vive no solo intentando dilucidar exactamente las causas detrás de 16 muertes y más de 800 casos de enfermedades vinculadas al uso de esos dispositivos, en la gran mayoría de los casos para consumo de productos de cannabis, sino enfrentado a una auténtica “epidemia” de vapeo entre adolescentes, con cerca de cinco millones de estudiantes de secundaria e instituto como usuarios. La Agencia Federal del Medicamento (FDA por sus siglas en inglés) estudia ahora formas para combatir la crisis, pero también muchos miran a los orígenes. Y una reveladora investigación del 'Los Angeles Times' apunta a la profunda responsabilidad de la Casa Blanca de Barack Obama, que no solo dio prioridad a lobistas y representantes de negocios sobre las advertencias de sus propios expertos sino que, además, luego intentó borrar las pruebas de las alertas.
Según el rotativo californiano, ya en 2015 la FDA alertó de los riesgos de adicción que presentaban los líquidos de sabores e intentó prohibir su venta. En un borrador de 575 páginas se recogían preocupaciones que venían de años atrás. Para 2013, por ejemplo, la principal autoridad médica del país alertó de que las tabacaleras estaban usando los sabores para enganchar a niños y asegurarse décadas de consumo. Al año siguiente el Centro de Control y Prevención de Enfermedades detectó que el vapeo entre escolares se había multiplicado un 800% y en una encuesta de la FDA y los Institutos Nacionales de Salud, más del 80% de los menores explicaban porqué vapeaban: “viene en sabores que me gustan”.
Consciente del “atractivo” de los sabores y del “impacto que pueden tener en la iniciación de jóvenes” en fumar, la FDA, que se preparaba para poner los cigarros electrónicos bajo su jurisdicción, iba a tomar una posición agresiva con los líquidos, dando un plazo de 90 días desde la entrada en vigor de la norma para retirar del mercado cualquiera de esos productos.
PRIORIDAD A LOBISTAS SOBRE EXPERTOS EN SALUD
Ampliamente respaldada por científicos y expertos en salud pública, la propuesta llegó el 19 de octubre de 2015 a la Casa Blanca, donde su estudio quedó a cargo de la Oficina de Gestión y Presupuesto. Y la investigación del 'Los Angeles Times' ha destapado la prioridad que se dio en el 1600 de la Avenida Pensilvania a los agresivos esfuerzos de más de 100 lobistas de la industria y representantes de negocios, con quienes a partir de noviembre y hasta febrero se mantuvieron numerosas reuniones. Al menos 44 representantes de la industria del tabaco se vieron con la Administración. En ese mismo tiempo se escuchó a siete expertos en salud pública.
Uno de los representantes de las compañías fue Andrew Perraut, que antes había sido analista de política de la propia Oficina de Gestión y Presupuesto y había ayudado a preparar la regla de la FDA contra la que precisamente estaba luchando. Hubo también abogados de la Administración de Pequeñas Empresas, parte del gobierno de Obama, que abogaban por dar prioridad a los intereses económicos de los vendedores.
En febrero acabaron las reuniones pero cuando el 10 de mayo de 2016 se publicó la regla que establecía la autoridad de la FDA para supervisar el cigarro electrónico, que entró en vigor ese agosto, no había rastro del veto a los líquidos de sabores. Tampoco, de 15 páginas de pruebas que detallaban el papel que se esperaba que esos líquidos desempeñaran en el aumento del consumo juvenil. Esas evidencias se habían sustituido por lenguaje que decía que la FDA buscaba “más datos sobre el papel de los productos de sabores en la iniciación juvenil”.
A partir de aquel verano las ventas de Juul, principal empresa del sector, se dispararon y subieron más de 640% en solo un año. Altria, uno de los gigantes del tabaco que había hecho lobi contra la regulación, compró el 35% de Juul y Perrault fue nombrado director de política pública de la compañía. Para 2017 había 3,6 millones de menores usando cigarros electrónicos. Para el año siguiente, eran 4.9 millones. Hoy más de 10.000 líquidos de sabores están disponibles en el mercado.
"UNA HISTORIA DE HORROR"
Cecilia Muñoz, que fue encargada del Consejo de Política Nacional de Obama y según 'Los Angeles Times' se reunió con representantes de la industria del tabaco y luego en privado con dos senadores, ha defendido en declaraciones al diario que en el momento de la decisión “la ciencia no estaba clara” y ha cuestionado que fuera razonable “cerrar todas estas tiendas y negocios cuando los beneficios y daños eran aún no concluyentes”. Expertos como Eric Lindblom, que pasó por el centro de productos de tabaco de la FDA y ahora está en el Instituto de Derecho O’Neill de la Universidad de Georgetown, hablan en cambio de "una historia de horror”. “Es como si se hubieran mirado unos a otros y hubieran dicho: si no vamos a hacer nada sobre este problema, borremos cualquier cosa que sugiera que deberíamos”, ha dicho.
“Si volvemos atrás en la máquina del tiempo ese fue el momento en que podíamos haber cortado de raíz este desastre”, ha declarado también al rotativo angelino Desmond Jenson, abogado especializado en políticas de tabaco en el Public Health Law Center. Y Matthew L. Myers, presidente de la Campaña para niños sin tabaco, ha denunciado que “el fracaso en prohibir estos atroces sabores hace más de tres años literalmente abrió las puerta a lo que era una explosión completamente prevenible de adicción juvenil. Hay un enlace de causa directa entre este fracaso regulador y la crisis que enfrentamos”.
