Los taxistas de Madrid mantienen la huelga indefinida, que cumple hoy seis días, al considerar «totalmente insuficiente» la propuesta pactada por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Después de reunirse con la alcaldesa, Manuela Carmena, el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, señaló que el borrador de la propuesta «no se parece en nada» a las peticiones del colectivo de taxistas. Según el borrador, de nueve páginas, el usuario de un VTC debe encontrarse a una distancia mínima de 300 metros del vehículo para poder contratarlo, lo que, a juicio de los taxistas, es «una anécdota o una burla». No obstante, Sanz reconoció que el texto merece «estudio y reflexión» y que la propuesta «no debe ser el fin», ya que es necesario «seguir trabajando y explorando diferentes opciones». De momento, los más de mil taxistas que siguen apostados frente al recinto ferial de Madrid (Ifema) mostraron un claro rechazo a la propuesta. Según indicaron a los concentrados el portavoz de la Plataforma Caracol, Saúl Crespo, la propuesta supone «reirse» de los taxistas «en su cara».

Tras la reunión de Carmena con los taxistas, la concejal madrileña de Movilidad, Inés Sabanés, destacaba que el documento tiene el objetivo fundamental de «desbloquear» una situación en la que «había líneas rojas y no se avanzaba». Sabanés expresó la voluntad de seguir trabajando y de recibir las valoraciones, aportaciones y alternativas que ofrezca el sector del taxi. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y la alcaldesa Carmena habían anunciado durante la mañana un preacuerdo entre ambas administraciones para regular los VTC mediante una «distancia mínima» en la contratación.

En una comparecencia conjunta al finalizar el acto del Día de Madrid en Fitur, ambos habían explicado que se ha optado por fijar una distancia y no un tiempo de precontratación, como hará Cataluña, por los problemas legales que implicaría esa alternativa, que podrían suponer «sanciones millonarias».