El cambio climático es una evidencia y un tema aún más presente estos días por la Cumbre de Madrid. No nos podemos quedar parados.
Los estudios y previsiones son contundentes: la temperatura en la provincia de Córdoba aumentará 3ºC en 30 años si las emisiones crecen con el actual nivel; en España, las emisiones de CO2 crecerán un 0,6% por el uso del petróleo y gas natural y sube nueve puestos entre los países más vulnerables a los eventos climáticos extremos.
La contaminación que produce el transporte por los vehículos a motor en las ciudades está entre las causas que más contribuyen al cambio climático, por ello los expertos proponen medidas necesarias y urgentes para mejorar notablemente la situación, como reducción de vehículos y su uso racional; utilización de energía no contaminante pasando de combustibles de origen fósil a electricidad; uso del transporte público; uso de la bicicleta; aumento de los trayectos a pie, etcétera.
En este momento y desde el ámbito municipal, me gustaría prestar atención al fomento del uso de la bicicleta en el ámbito urbano en Córdoba. Para ello, es conveniente repasar la planificación y las actuaciones municipales y autonómicas en la materia.
El Plan Andaluz de la Bicicleta, aprobado por la Junta de Andalucía en enero del 2014, es un gran avance y referente en la planificación del uso de la bicicleta y de la infraestructura de carriles bici. Para Córdoba prevé una red de 92 kilómetros de carriles bici, añade 33 km a los 59 existentes, que permitiría desplazarse en bicicleta en toda la ciudad de forma cómoda y segura.
En su desarrollo, Junta y Ayuntamiento firman un acuerdo en diciembre del 2014 que prevé ejecutar la red de vías ciclistas urbanas del plan; a la vez, la Junta aportó los proyectos de 55 tramos de calle con coste de 9 millones de euros, con la intención de programar su ejecución. Desafortunadamente, la Corporación municipal de entonces -2014, gobierno PP-, no impulsó su construcción y cuando la siguiente lo hizo -2016, gobierno PSOE-IU- solo se consiguió la ejecución de los tramos denominados cierre de la Ronda Histórica y Brillante, quedando un déficit importante respecto a las actuaciones ejecutadas en otras capitales andaluzas.
El Ayuntamiento de Córdoba, en varias épocas, ha sido pionero en iniciativas urbanas para el fomento de la bicicleta. Aprueba en 1997 el Plan Director de Bicicletas, que realiza unos 50 tramos, parte de ellos en uso, otros desaparecidos y otros en deficiente estado de conservación. Pone en marcha en el 2003 las bicicletas públicas de alquiler para incentivar y facilitar su uso, ahora casi abandonado, pese a los intentos en los últimos años de potenciarlo sin éxito. Del resto de actores, los empresarios están ausentes del tema. Son mínimas las empresas que disponen de medidas que favorezcan el uso de la bicicleta por las personas que trabajan, compran o hacen gestiones en ellas. En cambio, siempre ha habido un colectivo ciudadano, cada vez más amplio y en parte organizado, que utiliza la bicicleta en la ciudad y se muestra activo en propuestas y reivindicaciones de medidas para su fomento, más o menos atendido según las épocas, y que constata que falta mucho para normalizar el uso de la bicicleta.
Así, ante la emergencia de cambio climático, propongo superar de forma urgente tanto el enredo de competencias entre administraciones que eluden su responsabilidad en el tema, como la ausencia de iniciativa de las empresas y aprobar, de forma inmediata, por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía un acuerdo de Córdoba por la bicicleta y el clima con medidas de fomento de su uso, tales como la construcción por parte de la Junta de Andalucía de los carriles bicis previstos en el Plan Andaluz de la Bicicleta, programa municipal de reparación y mantenimiento de los carriles bicis, red municipal de aparcamientos de bicicletas, próximos a equipamientos y servicios públicos, comercios de barrio, etc. También la puesta en uso por el Ayuntamiento, en el 2020, del nuevo servicio público de bicicletas de alquiler, con una red de estaciones y bicicletas suficientes, planes de movilidad de las empresas de más de 30 trabajadores, con aparcamientos de bicicletas, e incentivos al uso del transporte público y al coche compartido, o la creación de un órgano de trabajo conjunto de Ayuntamiento, Junta, empresarios, sindicatos, vecinos y usuarios. Y un órgano técnico municipal de impulso de estas medidas.
(*) Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba
