Baleares dio ayer un paso que la sitúa en la punta de lanza de la lucha contra el cambio climático. El Parlamento autonómico aprobó, con los votos en contra de PP y Ciudadanos, la ley de cambio climático y transición energética que prohíbe la venta y entrada en las islas de coches y motos diésel a partir del 2025 y de gasolina en el 2035, además de prever que el 85% de la energía eléctrica consumida en el 2030 provenga de fuentes renovables. La transición es más acelerada incluso que la prevista en el anteproyecto de ley de cambio climático que ultima el Gobierno, y equiparable a las medidas que están tomando los países europeos más avanzados, como Noruega o Países Bajos. Ya ha sido elogiada, entre otros, por el principal think tank europeo contra el calentamiento global, la European Climate Foundation. «Olvidemos que alguien salvará el mundo por nosotros. Ser los primeros tiene riesgos, pero no podemos esperar más», argumentó ayer el consejero del Territorio, Marc Pons, en su defensa del proyecto de ley ante la Cámara autonómica. Para el alto cargo socialista, convertirse en «un referente» en la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad aportará, además, «un atractivo turístico que le diferenciará y potenciará» respecto a otras ofertas.

CS TAMBIÉN SE OPONE / La portavoz del PP, María Marí, calificó la normativa «impositiva, prohibitiva y contraria al derecho comunitario». Para ello echó mano del argumentario de la patronal de los fabricantes de automóviles, Anfac, que interpuso una demanda contra la ley ante la Comisión Europa por supuesta vulneración de las reglas del mercado único. También se sirvió de una misiva de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Sin haber realizado ningún informe previo, el presidente de este organismo, José Manuel Martín Quemada, remitió a título personal el lunes una carta al presidente del Parlamento balear en la que le advertía de las negativas consecuencias para la economía de las medidas previstas. Quemada fue directivo de la petrolera Cepsa durante 24 años, según recordó el portavoz socialista.

Los votos favorables provinieron de la coalición integrada en el Govern que está encabezada por el Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB), al que se suman Podemos y la plataforma progresista Més. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se felicitó en Twitter por la aprobación y calificó la aprobación de «notición que marca la senda que hemos de seguir». Dos de los principales hándicaps para el desarrollo de los vehículos eléctricos son la poca autonomía que tienen y la falta de puntos de recarga, pero en Mallorca, la isla más extensa, el viaje más largo es de 60 kilómetros (Palma-Pollensa).

La ley impedirá que cualquier tipo de vehículo diésel se desplace hasta las islas, por lo que los ferris que llegan cargados de coches desde Barcelona, Valencia o Alicante empezarán a pasar a mejor vida. En principio no se prevén controles de acceso, pero sí fuertes penalizaciones que se aplicarán de forma gradual. Al principio se limitarán a meros apercibimientos (amonestaciones), pero más adelante se impondrán multas de entre 300 y 3.000 euros si se les pilla circulando por la isla a partir del 2025 en el caso de los diésel y a partir del 2035 en el de los gasolina.

Los únicos que podrán circular son los matriculados en las islas antes de esas fechas. Podrán hacerlo hasta el 2050, tiempo que se considera más que suficiente para que el que compre un diésel o un gasolina antes de que entren en vigor las prohibiciones de venta haya podido amortizarlo.

Los turistas tendrán a su disposición un parque de vehículos de alquiler que deberá ser 100% eléctrico en el 2035, medida que ya ha sido pactada con los operadores de rent a car. Los ecologistas consideran que el de Baleares es incluso un calendario más realista que el previsto en el borrador la ley de cambio climático estatal porque el objetivo de ambas normas es que dejen de circular vehículos que emitan CO2 en el año 2050, pero si solo se veta su venta a partir del 2040, diez años después habrá vehículos de combustión con varios años por delante de vida útil.