El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, decretó ayer el «estado de emergencia durante 12 meses» en Génova, tras el derrumbe del viaducto en el que han fallecido al menos 39 personas. El estado de emergencia cubrirá también a la región que rodea la ciudad, en respuesta a la petición realizada por las autoridades locales. Conte realizó el anuncio después de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en Génova. El Ejecutivo italiano también ha decidido desbloquear cinco millones de euros para ayuda de urgencia y ha decretado una jornada de duelo nacional en una fecha todavía por determinar.

Por otra parte, el riesgo a nuevos derrumbes del viaducto Morandi ha obligado a evacuar a 632 personas de las viviendas que se encuentran próximas a la zona afectada por el desplome del puente de la A10 para evitar desgracias mayores. Lo más probable es que las casas tengan que ser demolidas, igual que el resto del viaducto.

«Es difícil mantener las casas debajo de un puente peligroso que tiene posibilidades de desplomarse o incluso ser derribado», explicó ayer el alcalde de la ciudad italiana, Marco Bucci. Según las últimas cifras oficiales, 39 personas murieron como consecuencia del derrumbe. Además, hay 16 heridos, 12 de ellos graves. A pesar de lo peligroso del terreno, los equipos de rescate siguen trabajando en la zona y se afanan por retirar los escombros con la mayor celeridad posible, unas labores complicadas que se prolongarán previsiblemente durante los próximos días, según avanzó la Cruz Roja.

SE NIEGAN A DIMITIR / El Gobierno italiano exigió ayer miércoles la dimisión de los directivos de la concesionaria Autoestrade per l’Italia, filial de Atlantia y responsable del mantenimiento del puente. Sin embargo, los dos máximos directivos de Autostrade rechazaron cesar de sus cargos, según ha explicado una fuente próxima a los responsables. El ministro de Infraestructuras, Danilo Toninelli, ha asegurado en en un mensaje en la red social de Facebook que «los directivos de Autostrade per l’Italia deben dimitir antes que nada» y avanzó que el Gobierno italiano ha «activado todos los procedimientos para la posible revocación de las concesiones y la imposición de multas de hasta 150 millones de euros». «Si no son capaces de gestionar nuestras autopistas, el Estado lo hará», apuntó. Toninelli señaló que «en un país civilizado no se puede morir por un puente que se derrumba» y reiteró que los culpables «de esta injustificable tragedia deben ser castigados». «Las compañías que administran nuestras autopistas se embolsan los peajes más caros de Europa, mientras que pagan concesiones a precios vergonzosos. Ingresan miles de millones, pagan unos pocos millones de impuestos y ni siquiera realizan el mantenimiento necesario para puentes y carreteras», expuso.

Además, la Fiscalía de Génova ha abierto una investigación para esclarecer las causas. «No ha sido una fatalidad, sino un error humano», dijo el fiscal general de Génova, Francesco Cozzi, a la televisión pública Rai.

El ministro italiano adelantó que «se utilizará el Fondo de Emergencia de Protección Civil para restablecer el sistema ordinario de la zona » y anunció que el Gobierno desarrollará «un verdadero plan Marshall» para garantizar el buen estado de las infraestructuras del país y consideró que es deber del estado «usar dinero público para el mantenimiento de estas arterias vitales del país, en lugar de desperdiciarlo en obras inútiles». La noticia provocó que Atlantia se desplomara en la bolsa de Milán.