Con la actual ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce) en vigor y con los recortes presupuestarios aún recientes y no revertidos, la mayoría de los consejeros de Educación de las comunidades autónomas españolas ven muy difícil alcanzar un consenso para el pacto de Estado educativo que está tratando de promover el Gobierno central. «La Lomce es un muy mal punto de partida», lamentó ayer el navarro José Luis Mendoza, en su intervención durante la sesión monográfica que el pleno del Senado dedicó al pacto educativo.

«Es una ley que hay que derogar», remachó la andaluza Adelaida de la Calle. Para la consejera de Educación de la Junta de Andalucía lo más importante es la vertiente «social y territorial» de un pacto educativo, ya que sin ella el acuerdo estaría «descafeinado» y no podría funcionar, además de la derogación de la Lomce, «una ley que nadie quiso».

También la catalana Meritxell Ruiz, la vasca Cristina Uriarte y el cántabro Ramón Ruiz coincidieron en que la ley educativa aprobada por el entonces ministro José Ignacio Wert coarta las posibilidades de acuerdo. «Sobre todo, porque cualquier pacto educativo que se quiera alcanzar debería empezar por el reconocimiento y el respeto escrupuloso de que en España existen distintos sistemas educativos», insistió Ruiz, que lamentó que «el origen de este proceso sea una ley, la Lomce, que se aprobó sin consenso y que ha ocasionado graves perjuicios al modelo educativo». Por eso, agregó el valenciano Vicent Marzà, «además de ser un pacto de Estado social y político, también tendría que ser un pacto territorial, con el consenso de los territorios y sin que, a cada decreto, se esté recurriendo a los tribunales».

FINANCIACIÓN ESTABLE / En su intervención inicial, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, propuso a los consejeros autonómicos que el acuerdo vaya acompañado de un «pacto presupuestario» para dotarlo de «financiación estable y previsible» a lo largo de los años. «La mejora educativa no consiste siempre en invertir más, sinoen invertir mejor», subrayó Méndez de Vigo, que considera que el acuerdo presupuestario es «fundamental» para evaluar el funcionamiento y eficiencia de ese pacto. El ministro también insistió en que ese pacto tendría que consolidarse en el tiempo y propuso que, para ello, «solo pueda modificarse con una mayoría política supercualificada».

Para ese pacto, advirtió una vez más el titular de Educación, no es necesario hacer «tabla rasa» ni construir «ex novo» todo un sistema educativo. En su opinión, puede basarse «en analizar certeramente lo que funciona y lo que no, con la experiencia de las comunidades».

Frente a quienes defendieron que el acuerdo de Estado se base en un sistema de escuela pública, de calidad y no segregadora, Méndez de Vigo abogó por la libertad de elección de las familias, un aspecto que no está reñido, dijo, con la igualdad de oportunidades, la equidad y la calidad, «donde el mérito y el esfuerzo sean recompensados».