M ientras miles de personas se volvían a manifestar ayer por las calles y plazas de Pamplona (Navarra) en contra de la sentencia de La Manada, asociaciones de jueces y fiscales están cerrando filas con los magistrados de la Audiencia de Navarra que condenaron a nueve años de prisión a los cinco miembros del grupo por abuso sexual de una joven madrileña en los Sanfermines del 2016 y no por violación. Las organizaciones profesionales admiten que en ocasiones el resultados de los procesos judiciales no son los esperados por los ciudadanos, pero exigen respeto a las resoluciones judiciales, a su independencia y, en definitiva, a su labor. La Asociación de Fiscales se añadió ayer sábado a otras organizaciones judiciales, como la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, y ha recordado que en las «resoluciones judiciales se dictan por jueces profesionales e independientes», tras la valoración «en conciencia de la prueba practicada» en el juicio y la aplicación técnica de las «leyes enmanadas del Parlamento». A su entender, «las resoluciones judiciales, aunque no se compartan, merecen todo el respeto, ya que constituyen un pilar fundamental del Estado de derecho y de la democracia». Insiste que la «ley prevé un sistema de recursos» para hacer valer las «discrepancias», a la vez que destaca que los fiscales son «profesionales independientes no sometidos a otro impero que el de la legalidad y cuya labor se basa en la defensa de los derechos de la sociedad y, muy especialmente, de las víctimas». La asociación de fiscales lamenta también la «facilidad» con la que, en tantas ocasiones, «se desprecia la labor de los jueces y fiscales, se realizan juicios paralelos, se tiene la tentación de legislar a golpe de noticia, se realizan manifestaciones carentes de rigor» y «se produce la intromisión en la labor jurisdiccional de representantes políticos e institucionales». En el juicio contra los miembros de La Manada, en concreto, reclamó 22 años y nueve meses de prisión para cada uno de los cinco jóvenes sevillanos procesados, calificando el ataque padecido por la víctima de agresión sexual o violación. Ayer se conoció que la víctima también recurrirá la decisión judicial mientras diferentes organizaciones feministas anunciaron que seguirán protestando contra la polémica sentencia.