El caso de Ángel Hernández y María José Carrasco -una enferma de esclerosis múltiple en fase terminal fallecida tras ingerir una sustancia letal suministrada por el primero, su marido- vuelve a poner el debate sobre la eutanasia sobre la mesa.
La situación, parecida a la de Ramón Sampedro, se produce en un momento en el que la pareja llevaba meses esperando a que se aprobara la ley de eutanasia, varada en el Congreso con el adelanto electoral.
DELITO SEGÚN EL CÓDIGO PENAL
En España, la eutanasia no está autorizada, pero la ley reconoce el derecho de los enfermos a rechazar la atención médica y expresar sus deseos en forma de testamento en vida. De hecho, tanto la eutanasia como el suicidio asistido se consideran un delito, según el artículo 143.4 del Código Penal.
PUGNA POLÍTICA
El pasado mes de marzo, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se comprometió a impulsar en la próxima legislatura una ley a favor de la muerte digna si los socialistas asumen la tarea de gobierno tras las elecciones del 28-A.
En la que toca a su fin, el PP y Ciudadanos usaron su mayoría en la Mesa del Congreso para ampliar indefinidamente el plazo de enmiendas, tal y como explica Patricia Martín.
